La juez abre juicio oral al ex concejal Carmona pese a la oposición del fiscal

El ex concejal del PP del Ayuntamiento de Granada, Francisco Jiménez Carmona, deberá comparecer ante un tribunal popular para responder de la acusación de un delito de cohecho del que fue víctima la empresa Seguridad Baza, encargada de la vigilancia del cementerio municipal. El gerente de esta empresa, Juan Carlos Martínez Castaño, que al principio aceptó las condiciones del antiguo edil y pagó 5 millones a cambio de la concesión, será juzgado por otro delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.

La juez Inmaculada Montalbán decretó ayer la apertura de juicio oral en contra de la opinión del fiscal -que no presentó acusación- y de los abogados del PP, del Ayuntamiento de Granada y de la empresa municipal de cementerios (Emucesa), que pidieron el sobreseimiento. El juicio, según calcula la acusación particular ejercida por el PSOE, se celebrará en la primavera de 1999, en vísperas electorales. En el auto, la juez asegura que de las pruebas practicadas durante la instrucción se desprenden indicios de criminalidad suficientes como para abrir al Tribunal del Jurado la posibilidad de enjuiciar los hechos. En concreto, Montalbán cita la declaración autoinculpatoria de Martínez Castaño; los testimonios de los empleados del banco que entregaron al directivo de Seguridad Baza los cinco millones en billetes usados de cinco mil pesetas, y la declaración del gerente de Emucesa. La juez no cita, en cambio, como prueba la cinta magnetofónica que Martínez Castaño grabó subrepticiamente durante un encuentro con Jiménez Carmona en una cafetería de Granada y que ha sido sometida a diferentes análisis para identificar a los interlocutores. El auto explica que el 29 de febrero de 1996 Jiménez Carmona, en su calidad de consejero delegado de Emucesa, solicitó en una cafetería a Martínez Castaño 5.105.000 pesetas a cambio de adjudicarle el servicio de vigilancia del cementerio. Para ello urdió el siguiente plan. Seguridad Baza debería modificar las condiciones que ofertó a Emucesa, en concreto el precio por hora de vigilancia que pasó de 1.010 pesetas a 1.172. Seguridad Baza entregaría por la adjudicación 5.105.000 pesetas, producto de multiplicar por 222 pesetas las 22.995 horas anuales. Esa cifra la recuperaría en parte Seguridad Baza ya que Emucesa iba a pagar el servicio a 1.172 pesetas. Emucesa pagó a Seguridad Baza 26.950.140 pesetas, sin IVA, por los servicios desde abril de 1996 a marzo de 1997. Esto originó, según la juez, un perjuicio económico a Emucesa de 3.725.190 pesetas.Martínez Castaño entregó el 19 de marzo de 1996 en el despacho del edil la cifra pactada en billetes de 5.000 pesetas usados. A cambio obtuvo un contrato de tres años de vigencia.