Anuladas a Castilla y León atribuciones sobre ecosistemas acuáticos y pesca

El pleno del Tribunal Constitucional notificó ayer una sentencia que anula varios preceptos de la ley de 18 de diciembre de 1992, aprobada por las Cortes de Castilla y León, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y regulación de la pesca, por estimar que exceden de las competencias constitucional y estatutariamente atribuídas a dicha comunidad autónoma. Los preceptos anulados daban a la Junta de Castilla y León competencias para determinar el caudal ecológico, prohibir la reducción del caudal de las aguas, imponer a los concesionarios de aguas ya existentes nuevas obligaciones o exigir determinados informes como vinculantes.El recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada ley de Castilla y León fue promovido en 1993 por el entonces presidente del Gobierno Felipe González, sobre la base de que la ley autonómica invadía competencias exclusivas del Estado.