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Romay anuncia que la Seguridad Social financiará el Viagra en algunas patologías

El coste del fármaco puede llegar a anular el ahorro del "medicamentazo"

Milagros Pérez Oliva

El ministro de Sanidad despejó ayer sólo en parte una incógnita que viene preocupando a cientos de miles de españoles de forma muy directa: ¿financiará la Seguridad Social las pastillas Viagra, ese remedio contra la impotencia en el que muchos tienen puestas sus esperanzas de recuperar la actividad sexual? Sí. La financiará. Pero sólo en el caso de «las patologías que deben ser curadas», que en el críptico lenguaje ministerial debe interpretarse como «sólo para algunas indicaciones». El ministerio está muy preocupado porque, si bien ve difícil justificar la exclusión de Viagra de la Seguridad Social, incluirlo -aunque sea con limitaciones- puede llevarse por delante el ahorro del medicamentazo.

El ministro, José Manuel Romay Beccaria, hizo esas manifestaciones en el programa El primer café, de Antena 3, pero no fue más explícito.Un primer cálculo efectuado por los técnicos del ministerio evaluaba entre 32.000 y 36.000 millones anuales el coste que podía acarrear la financiación pública en determinadas indicaciones. Más o menos el ahorro anual previsto con la exclusión de los 846 fármacos del polémico medicamentazo .

Fuentes del ministerio han rechazado pronunciarse sobre los cálculos que efectúan sus técnicos o las indicaciones que se prevén, y se remiten a la decisión que adopte la Agencia Europea del Medicamento. El laboratorio Pfizer presentó la solicitud ante la administración europea el 25 de septiembre pasado, el mismo día que ante la FDA, el departamento de EEUU, donde fue aprobado el 27 de marzo. «La agencia europea siempre tarda unos cinco o seis meses más que la FDA para dar su aprobación técnica, que incluye las indicaciones, a lo que habrá que añadir unos dos meses para negociar el precio y la aprobación pertinente en cada país», indicó ayer un portavoz de la empresa.

Causas psíquicas

Pero no va a ser fácil dedicir. Los especialistas creen que la población masculina con problemas de impotencia alcanza un 10% de los varones mayores de 20 años. Ese porcentaje es un promedio, ya que la incidencia aumenta de forma muy acusada en los segmentos de mayor edad. En España hay 14,5 millones de varones de más de 20 años, lo cual significa que 1.400.000 sufren algún problema de disfunción erectil. Ésta es la cifra de la que debe partirse para calcular el coste y las eventuales limitaciones.Según Josep Maria Pomarol, presidente de la Asociación Española de Andrología, un 60% de los casos se deben a causas orgánicas y un 40% a psicológicas, aunque a veces se combinan los dos factores. Entre las causas orgánicas están algunas enfermedades crónicas de alta incidencia en la tercera edad y también carencias orgánicas propias del envejecimiento. La pregunta que se hacen los técnicos es ¿dónde se coloca la barrera entre lo que es financiable y lo que no? Los especialistas consultados indican que si se excluyen los ancianos impotentes por razón de la edad y todos los casos de causa psicológica, el número de casos a incluir en la Seguridad Social quedaría reducido a algo más de la tercera parte.

Pero los especialistas se preguntan cómo se va a justificar que las causas psicológicas queden fuera, cuando se están financiando otros fármacos para patologías de origen psíquico. Y también va a ser difícil argumentar una discriminación por edad cuando se niegue a los ancianos la posibilidad de prolongar su vida sexual.

Una vez resuelta la peliaguda cuestión de las indicaciones, aún quedará otra: ¿cuántas pastillas entrarán por la Seguridad Social? ¿Una al mes, una a la semana, según las necesidades? Esta es una variable con una gran repercusión sobre el coste, que deberá tener en cuenta además el precio del medicamento. Fuentes del ministerio han indicado que Viagra costará algo menos de las 1.500 por pastilla que supone en Estados Unidos, pero no mucho menos.

Si calculamos sólo una pastilla a la semana a razón de 1.200 pesetas serían 62.400 pesetas al año. Y financiar sólo un tercio de las disfunciones erectiles supondría tratar a 483.000 pacientes, lo que supone 30.160 millones al año. La mayor parte de las impotencias orgánicas son consecuencia de enfermedades crónicas como la diabetes, de minusvalías como la paraplejia y se presentan por encima de los 65 años, por lo que la aportación del usuario no será sustancial (la Seguridad Social financia enteramente los fármacos de enfermedades crónicas y de jubilados; y el resto de los usuarios paga un 40% del precio).

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