Clamor en Italia contra el caos de la justicia
Un golpe de fortuna policial, la detención el domingo en la Costa del Sol española del mafioso Pasquale Cuntrera, ha evitado al Gobierno italiano de centro-izquierda un escándalo que trae a la memoria los tiempos de la Primera República. Un escándalo con ribetes cómicos, por otra parte, provocado por dos sonadas fugas, la del Gran Maestro de la logia P2, Licio Gelli, de 79 años, ocurrida después del 21 de abril, y la del capo del narcotráfico siciliano, Pasquale Cuntrera, de 63 años, el 6 de mayo pasado.
En ambos casos las fugas se produjeron en vísperas de que el Tribunal Supremo dictara sentencia definitiva contra los dos, y en ambos casos los encausados se sirvieron lisa y llanamente de las ventajas que otorga la justicia italiana a todo condenado que puede permitirse el lujo de recurrir a la máxima instancia judicial. Porque en Italia las condenas no son ejecutivas hasta que no se ha pronunciado sobre ellas el Supremo.
La acción policial ha servido de momento para poner en sordina las voces de la oposición que reclama al Gobierno que asuma sus responsabilidades, sin que nadie haya otorgado a la fugaz dimisión -presentada e inmediatamente rechazada-, del ministro de Justicia, Giovanni Maria Flick, un verdadero valor político.
Presunto inocente
Más allá del escándalo provocado por esas fugas, la realidad, como reconocía en una reciente entrevista el fiscal adjunto de Milán, Gerardo D"Ambrosio, es que la justicia italiana es un colador por el que se escurren todos los años decenas de delincuentes. «Cualquier condenado en segunda instancia tiene notables posibilidades de ser excarcelado en ese preciso momento, porque de acuerdo con la Constitución italiana (artículo 27) el sujeto sigue siendo "presunto inocente", hasta que el Tribunal Supremo no diga lo contrario», recordaba D"Ambrosio. Para reforzar esta garantía constitucional hay aún otro artículo del Código Penal, el 606, que consiente de hecho que un proceso pueda ser abierto indefinidamente.En aplicación de estas garantías, el Supremo ordenó poner en libertad a Pasquale Cuntrera el pasado día 6, en espera de ratificar la sentencia a 21 años de cárcel emitida en julio de 1997 por el Tribunal de Apelación de Palermo. Cierto es que en esta ocasión se envió un fax a la fiscalía de la capital siciliana para que tuviera conocimiento de la medida. Pero el fax permaneció cinco días ignorado sobre la mesa del magistrado de turno. Y cuando una vez leído la fiscalía ordenó de nuevo la detención preventiva del capo mafioso, el 11 de mayo, Cuntrera había desaparecido ya.
No fue muy diferente en lo que respecta al caso Gelli. El jefe de la logia masónica P 2, a la que pertenecía la cúpula de los servicios secretos, magistrados, banqueros y ministros, un sujeto envuelto en los episodios más oscuros de la primera república, condenado por el Tribunal de Apelación de Milán a 12 años de cárcel por su participación en la quiebra del Banco Ambrosiano en 1982, vivía en su domicilio de Arezzo sin mayores controles. Tras su fuga, se ha sabido que desde la primavera del año pasado vivía sin vigilancia policial.
El fiscal D"Ambrosio no se escandaliza por este detalle. «Para vigilar de forma efectiva a todos los que en estos momentos están en arresto domiciliario, no nos bastaría ni el Ejército», declaraba al periódico Corriere della Sera. La revista Panorama intentó conocer la cifra de fugados que hay en el país. Aunque los datos no son oficiales, la estimación aproximada es que en 1995 había unos 15.000. Según datos de ese mismo año, de 68 condenados con sentencias definitivas pronunciadas por el Tribunal Supremo, sólo cinco fueron localizados por las fuerzas del orden. Es decir, el 93% se fugó.
La misma publicación apunta otro dato elocuente. En 1996, los condenados a penas de detención en diferentes instancias fueron 133.560, de ellos sólo el 36% pisó efectivamente la prisión. Pese a ello, el número total de presos en las cárceles italianas era en 1997 de 46.502 personas. No es de extrañar que en estas circunstancias se hayan alzado voces de magistrados y políticos reclamando cambios en la normativa e incluso la supresión del tercer grado judicial. El presidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro, ha declarado que quizás después de dos sentencias firmes es exagerado seguir considerando al condenado «presunto inocente». «Creo que sería oportuno que se le considerara al menos "presunto culpable"».
