La Fiscalía vasca considera acreditada la "íntima implicación" entre los "grupos Y", Jarrai y ETA
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco revela, en su Memoria de 1997, la "acreditada e íntima implicación" que existen entre los grupos Y dedicados a la violencia callejera con "la organización Jarrai y la banda terrorista ETA". El texto constata el descenso, a partir de mayo pasado, de las algaradas callejeras y de los atentados de ETA, aunque aumenta el número de víctimas mortales (de 5 a 13). La Fiscalía subraya que el PP es "objetivo preferente" de ETA y que más de la mitad de los atentados van dirigidos a causar daños personales.
La Memoria de la Fiscalía del alto tribunal vasco referida a 1997 ha apreciado "una importante disminucion" de la violencia callejera gracias a la reacción "de toda la sociedad, con una respuesta de rechazo y aislamiento total a sus acciones e incluso a la reacción contraria proveniente de sectores de la misma izquierda abertzale, si olvidar el esfuerzo policial". La Fiscalía vasca contrapone la actuación de los comandos de la organización terrorista con la de los grupos de violencia callejera, de los que dice que sólo operan en el País Vasco. El objetivo de éstos últimos es una "lucha de desgaste, de desmoralización y de exhibición de poder y fuerza". La Fiscalía entra de lleno en una de las polémicas que ha perseguido la tramitación de los sumarios por violencia callejera: la competencia judicial de este tipo de hechos. Al ser considerados como desórdenes públicos, se instruían y enjuiciaban por los órganos judiciales del País Vasco. El Ministerio Público defiende ahora que, con la entrada en vigor del Código Penal de 1995, "quiza no sea aventurado entender" que "dichos criterios de distribución de competencias hayan experimentado" un profundo cambio. El informe indica que, sin llegar al grado de organización previa que exige el terrorismo de ETA, existe en estos grupos una estructuración deliberada y un reparto de funciones. A juicio de la Fiscalía, las algaradas callejeras pretenden de una manera "orquestada, metódica e intencional, alterar la paz pública". Este tipo de terrorismo difuso lo realizan "jóvenes perfectamente organizados, bajo un único designio y una única dirección y mando, englobándose dichas actuaciones bajo la denominación común de ser frecuentamente realizadas por los grupos Y, y no ha de olvidarse la acreditada e íntima implicación existente entre los grupos Y, la organización Jarrai [juventudes de KAS] y la banda terrorista ETA". Crítica a la Ertzaintza Se aprecia en la Memoria una crítica velada a la actuación policial de la Ertzaintza ante este tipo de hechos delictivos al indicar que "un tanto por ciento muy importante de tales hechos deben sobreseerse porque, al no producirse detenciones por los agentes de la policía, se desconoce la indentidad de sus autores". La Memoria dedica tres páginas a la actividad de la organización terrorista ETA. Tras constatar un descenso de atentados con un incremento en el número de víctimas mortales frente al año anterior, subraya que ETA optó el año pasado por un tipo de acciones mucho menos indiscriminadas. En total, ETA realizó ese año 35 atentados contra policías, concejales, militares, miembros de la judicatura, funcionarios de prisiones y dos civiles y otros 30 contra objetivos económicos. La Memoria refleja un "aumento de la agresividad personal", ya que más de la mitad de los atentados de ETA (el 52,9%) tenía como objetivo directo las personas, el índice de agresividad más alto del último quinquenio. Vizcaya y Guipúzcoa son las provincias más castigadas, con cinco asesinatos. Pero el análisis da un paso más y considera que ETA ha fijado sus ojos preferentemente en el PP. "Es el Partido Popular y sus miembros un objetivo preferente de la banda terrorista, siendo ejecución de ese objetivo los asesinato de los concejales del citado partido Miguel Ángel Blanco y José Luis Caso y los tres intento fallidos de matar a otros tres ediles populares". El informe considera que el asesinato de Blanco, un intento de forzar un cambio de la política penitenciaria del Gobierno, fue un "acto de venganza o respuesta visceral" por la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Este funcionario estuvo en manos de la organización terrorista durante 532 días y fue puesto en libertad en una "importante y digna de todo elogio" operación de la Guardia Civil, apunta el Ministerio Público.
