La Autónoma critica la nueva Ley de Patrimonio

La Ley de Patrimonio llega esta tarde a su cita con el Parlamento regional inmersa en una polémica de primer orden. El texto legal con el que la Consejería de Educación y Cultura intenta preservar los bienes históricos de la Comunidad se enfrenta a sendas enmiendas a la totalidad por parte de los dos grupos de la oposición, PSOE e IU. Pero el enfrentamiento trasciende ya el ámbito estrictamente político: el departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma se ha incorporado a la discusión con una alegación en la que se deploran los criterios "desfasados, cuando no claramente anticuados" de esta normativa autonómica.La firmante del documento es María Rosario Lucas Pellicer, directora de este departamento adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras. María Rosario Lucas reclama a la Asamblea de Madrid la retirada del proyecto. Da para ello siete argumentos muy críticos. "La ley manifiesta escaso interés en la promoción de los cauces de difusión en la investigación arqueológica", deplora la experta universitaria, "y su desarrollo es excesivamente coercitivo".

En el controvertido texto, la Dirección General de Patrimonio especifica un catálogo de bienes protegidos y reserva a la Administración el derecho de tanteo y retracto: en caso de venta de un edificio, la Comunidad podrá adquirirlo por el mismo precio que ofrezca el mejor comprador privado. La ley también establece multas de hasta 200 millones en caso de agresiones graves contra el patrimonio y deja abierta la puerta de la expropiación en caso de que los propietarios particulares no atiendan sus bienes como se merecen.

Pese a todo, el "compromiso social" de la Administración resulta "insuficiente", a juicio de los profesores de la Autónoma. "En el mismo sentido", añaden en su argumentario, "el proyecto no establece la prioridad de las medidas y consideraciones sobre la conservación de los bienes arqueológicos". Otras objeciones son los "numerosos puntos de contradicción" con la legislación superior sobre patrimonio y la utilización del término "histórico" en lugar de "cultural".