Colombia desmantela la Brigada 20, acusada de violar los derechos humanos

La Brigada 20 (B-20) del espionaje militar colombiano, acusada desde hace tiempo de ser un foco de violación sistemática de los derechos humanos, ha sido desmantelada. El martes por la tarde el Estado Mayor del Ejército daba la noticia: «La unidad se acaba, el servicio se reestructura; es decir, se acaban las operaciones de inteligencia», dijo el comandante de las Fuerzas Armadas, Manuel José Bonet. A partir de ahora las tareas de espionaje serán coordinadas por los comandantes de divisiones y brigadas y su labor será únicamente la de informar; las operaciones las realizarán otras unidades. La sorpresiva noticia, fue recibida con satisfacción por ONG, dirigentes cívicos y por los miembros de una comisión internacional de organizaciones de derechos humanos que visita estos días Colombia para mostrar solidaridad con sus colegas en un país que tiene el récord mundial de asesinatos de activistas de derechos humanos. «Ojalá sea un aporte contra la impunidad y por la paz», dijo Eduardo Garzón, presidente de la central obrera CUT.La noticia sorprendió porque hasta ahora el Gobierno había reaccionado duramente ante las críticas, y las había calificado como «campaña difamatoria contra la institución militar». El lunes pasado, otro informe de Amnistía Internacional - que ha tenido que cerrar sus oficinas en Bogotá por amenazas- fue desmentido. Dice esta organización que la inmensa mayoría de las violaciones de los derechos humanos -según informes confirmados- son cometidos por «agentes estatales o fuerzas paramilitares que actúan con su aquiescencia o complicidad».

Las acusaciones contra la Brigada 20 vienen de tiempo atrás. Allí se fraguaron crímenes tanto de líderes de derechos humanos como de dirigentes conservadores, como el de Álvaro Gómez -crítico del actual Gobierno- asesinado en noviembre de 1995. Dos agentes de los servicios secretos y varios civiles asociados a esta brigada están detenidos por esta muerte.

El ex embajador norteamericano Myles Frechette habló a finales de noviembre de la existencia de escuadrones de la muerte en el interior de esta unidad militar. El escándalo se aplacó por un tiempo, con un cambio de mando, pero informes del diario The Washington Post y de la organización Human Rights han revelado que la semana pasada se produjo allanamiento de la sede de Justicia y Paz, grupo de derechos humanos adscrito al episcopado.