La Universidad de Alicante exige a Educación 3.000 millones de deuda

El Consejo Social de la Universidad de Alicante se reunió ayer en sesión extraordinaria, a petición de los representantes de CC OO, para analizar la situación económico financiera de la institución y unificar las reivindicaciones que esta tarde plantearán a la directora general de Universidades, Carmen Martorell. El presidente del consejo, Ricardo Ferré, reconoció al término de la reunión que del presupuesto comprometido del año pasado la Universidad está a la espera de recibir 2.119 millones de pesetas correspondientes al segundo plan de inversiones, a los que se añaden otros 1.016 millones por los daños provocados por la riada del 30 de septiembre. Hoy se desplazará a Valencia una delegación "plural" del Consejo Social de la Universidad para "reclamar" el dinero, al tiempo que se interesará por las líneas que Educación ha previsto para diseñar los presupuestos de este año. "Como Consejo Social queremos que la Universidad esté adecuadamente atendida, y espero que tengamos toda la información necesaria al respecto", dijo Ferré. Además de esta cantidad global, que supera los 3.000 millones de pesetas, la Universidad de Alicante, al igual que el resto de centros valencianos, espera la liquidación de otras cantidades inferiores correspondientes a partidas relacionadas con la exención de tasas universitarias por familia numerosa, o la ayuda económica en concepto de mantenimiento de infraestructuras e instalaciones, así como la parte correspondiente al capítulo de investigación. Protesta Mientras, cerca de 2.000 universitarios estrenaron ayer el nuevo rectorado de la Universidad de Alicante con una concentración de protesta, encaminada a forzar que el Ministerio de las Administraciones Públicas modifique la actual propuesta del estatuto de la Función Pública, que cataloga de igual manera a los que han estudiado tres años en la Universidad con otros que dispongan del título de Bachiller o Formación Profesional. Bajo la consigna de "queremos estar en el grupo A", la concentración se desarrolló antes de un encierro de 24 horas que concluirá hoy. Los estudiantes de las diplomaturas que imparte la Universidad de Alicante (15.000 matriculados) se verían afectados por esta reforma del estatuto, que les rebajaría de categoría laboral. "Entendemos que no podemos ser considerados como licenciados, pero tampoco queremos estar con los que no han pasado por la Universidad", señaló Antonio Giner, uno de los organizadores. Herick Campos, presidente del Consell d"Alumnes, explicó que el problema se solucionaría con la creación de un subgrupo inferior dentro de la categoría laboral A para los diplomados. "No es justo que después de tres años de formación universitaria no tengas una compensación económica", dijo el representante estudiantil.