El Gobierno y la Junta darán cobertura legal a la entrada del Ejército en fincas privadas de Doñana

El Gobierno central y la Junta de Andalucía aprobarán sendos decretos para dar cobertura legal a la posibilidad de que la Administración entre en fincas privadas de la zona de Doñana para retirar los lodos tóxicos. Muchos dueños de esas explotaciones se han negado hasta ahora a permitir el acceso de las máquinas por dos motivos: porque temen que la limpieza signifue «destrucción de pruebas» y porque pretenden forzar así la llegada rápida de indemnizaciones. La Junta ha pedido al Ejército que esté preparado por si ha de actuar en las fincas.

Tanto la aprobación de los decretos como la solicitud de ayuda al Ejército fueron anuncadas ayer por el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Luis Blanco.El Ejecutivo regional quiere que los dueños de las fincas sean los que se encarguen de la retirada de la porquería toxica, por ser más rápido y barato, y se comprometió por boca del consejero de Medio Ambiente a adelantarles el dinero del trabajo si la empresa Boliden, propietaria de la mina rota, se resiste a abonar el coste de la operación. Blanco propuso dos fórmulas de pago: bien adelantar entre el 20% y el 25% de la cantidad global o pagar al contado conforme los camiones vayan saliendo (certificación de tareas).

Chaves y Wulff-Mathies

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, que ayer acudió a Bruselas para iniciar el trámite de las ayudas comunitarias, propugnó reabrir la mina de Aznalcóllar, «con todos los requisitos de seguridad», para salvar sus 500 empleos.«A la Junta le gustaría que continuase la actividad de la mina», dijo, «porque de ella dependen 500 familias, pero la reapertura se debe atener estrictamente a todos los requisitos de seguridad para que no se pueda repetir» la catástrofe.

Sin negar ese propósito, la comisaria de Política Estructural, Monika Wulff-Mathies, con la que se entrevistó ayer en Bruselas, consideró «prematuro» definirse ahora al respecto, y enfatizó que «lo más urgente ahora es la rehabilitación» de la zona.

La genérica voluntad expresada por Chaves deberá esperar, en todo caso, a que se determinen las causas del desastre. Si eso es así, las nuevas medidas de seguridad deberán prever también su eventual repetición, pues las anteriores precauciones -como se ha insistido hasta ahora- ya eran «completas» y no lograron evitar el accidente.

Pero el asunto esencial que llevó al presidente de la Junta a Bruselas fue la financiación del plan para rehabilitar la zona. Chaves explicó a la comisaria sus cinco orientaciones generales: retirar urgentemente los lodos; depurar las aguas; recuperar fauna y flora; garantizar la viabilidad económica de la zona y comprar los terrenos de los agricultores afectados, vía expropiación, para constituir un corredor verde que acabaría integrándose al parque de Doñana como antesala.

Wulff-Mathies calificó de «bastante razonables» esas prioridades, reiteró su disposición a una ayuda urgente (unos 600 millones de pesetas para la asistencia técnica) y urgió a que se le presenten propuestas desarrolladas «con rapidez».

El planteamiento de la Junta para obtener la financiación completa del programa rehabilitador y de las expropiaciones, que su presidente aseguró haber consensuado con el Gobierno central, es obtener los recursos de la propia empresa. Pero ésta -que goza de un seguro cercano a los 3.000 millones de pesetas- seguramente esperará, antes de indemnizar, a que se dicte sentencia firme sobre quién recae la responsabilidad civil.

De modo que las Administraciones deben adelantar los recursos, para recuperarlos después. Entre otras cosas porque sólo el capítulo de expropiaciones ascenderá a 5.000 o 6.000 millones de pesetas, evaluó Chaves. Es decir, el doble de la póliza del seguro contratado por Boliden. Del resto aún no hay siquiera cálculos aproximados.

La Junta pretende que salgan en su mayoría de una reasignación de los Fondos Estructurales otorgados a España por la Comisión, concretamente de «repogramar» los 34.000 millones de pesetas aún disponibles y no atribuidos que quedan en el «marco plurirregional». Chaves aseguró haber hallado «buena disposición» en la comisaria y en el vicepresidente español, Rodrigo Rato, quien acudió también ayer a Bruselas para asistir al Ecofin. La principal diferencia entre Junta y Gobierno se centra en los terrenos agrícolas perjudicados. Mientras que el Ejecutivo central pretende sanear los campos y devolverlos a sus dueños, indicó Manuel Chaves, el Gobierno autónomo proyecta expropiarlos mediante pago para construir el corredor verde.