El Consell controlará la obra social de las cajas

El proyecto de ley de fundaciones, aprobado ayer por el pleno del Consell, estrecha el control público sobre la Obra Benéfico Social (OBS) de las cajas de ahorro que operan en la Comunidad Valenciana. La disposición adicional tercera del proyecto de ley, que será remitido a las Cortes en las próximas semanas, especifica que el registro de las OBS como fundaciones, así como las autorizaciones, oposiciones o ratificaciones por parte del protectorado que se creará a tal efecto, "requerirá el informe previo del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)".

Eduardo Zaplana aseguró ayer mismo durante la toma de posesión del Síndic Mayor de Comptes que la nueva legislación sobre entidades financieras sin ánimo de lucro perseguía salvaguardar su "independencia". El criterio del presidente no coincide exactamente con las apreciaciones desde otros puntos del arco político, pero la breve mención a las OBS en la ley de fundaciones parece desmentir sus palabras. Fuentes vinculadas a las OBS comentaron a bote pronto que la redacción de la nueva ley de fundaciones supone "un filtro" más sobre la actividad de las fundaciones. Las mismas fuentes consideran razonable que el IVF fiscalice las actividades de las OBS y el destino de los recursos que manejan, pero nunca de antemano. El proyecto debe ser sometido a debate parlamentario, pero todo indica que el Consell ha decidido estrechar el cerco sobre la OBS de las cajas al arrogarse la prerrogativa de supervisar su inscripción en el registro de fundaciones. El pleno del Consell tenía previsto autorizar el pliego de condiciones para ceder a operadores privados algunas de las líneas que cubre el Consorcio Valenciano de Transportes (CVT) en el área metroplitana de Valencia. Pero los trabajos elaborados por la comisión de racionalización del sector público fueron detenidos por los socios regionalistas del Consell, que insisten en vincular el servicio metropolitano al futuro de la Empresa Municipal de Transportes, como recoge la revisión del pacto de gobierno que fue firmada el 7 de febrero de 1997. José Joaquín Ripoll, portavoz del Consell, se limitó a explicar que la propuesta para ceder la gestión directa de algunas líneas que opera el CVT exige "una ampliación de los informes" para que el Consell pueda tomar una decisión definitiva. Ripoll aseguró que el asunto se resolverá la próxima semana. En el ámbito económico, el Consell aprobó una ampliación de 120 millones del capital de la sociedad que gestiona el mercado de futuros de cítricos para "garantizar la viabilidad técnica y financiera de la compañía". Los sindicatos CC OO y UGT recibirán 1.000 millones de pesetas para cursos de formación ocupacional continua a través de sendos convenios autorizados ayer. Cada sindicato dispondrá de 500 millones para atender la formación de desempleados y mejorar la competitividad de empresas de algunos sectores. Los cursos deben justificarse ante la Consejería de Empleo, Industria y Comercio antes del próximo mes de septiembre. En materia de Sanidad, el Consell acordó una subveción de 30 millones de pesetas para desarrollar una campaña de prevención del cáncer de mama. Está previsto atender a 24.000 mujeres en las tres provincias valencianas durante los próximos dos años.