Los desastres de Doñana

El inclinómetro 4 deberá reponerse y los otros tres deberán limpiarse». Los ojos que debían registrar los movimientos previos a una rotura del dique de la balsa de residuos de Minas de Aznalcóllar estaban enturbiados o cegados en vísperas de su derrumbe. No fue el único desastre previo al desastre que ha puesto herido a Doñana, el parque natural más emblemático de Europa. Tras el muro derrumbado emergió una empresa minera con pies de barro: una auditoría oficial denunció en 1993 que usaba sus instalaciones como cementerio de residuos peligrosos de industrias químicas de Huelva; fue expedientada en 1996 por verter contaminantes al río; justificó parte de sus ayudas oficiales en mejorar la seguridad de la presa; y, tras la salida accidental de tres millones de metros cúbicos de agua ácida con lodos, intentó desembalsar otro millón de metros cúbicos de agua tóxica por temor a una rotura total del dique. Y todo bajo un cruce de competencias: la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Ministerio de Medio Ambiente, del PP) vigila los vertidos al río; la consejería andaluza de Industria (PSOE), la seguridad de la balsa, que diseñó y ejecutó una empresa (Geocisa); y la de Medio Ambiente (PSOE) controla residuos tóxicos, pero no mineros... El 20 de abril, cinco días antes del suceso, Geocisa remitió a la consejería de Industria un informe (concluido el 31 de marzo, al que ha tenido acceso EL PAÍS) en el que alertaba del deficiente estado de los cuatro sensores de movimientos del muro. Días después, Industria, según su director general, Francisco Mencía, solicitó a esta empresa que lo reparase. Geocisa no informó si cumplió la reparación. Ningún inspector lo verificó. Boliden Apirsa, la propietaria, no interrumpió su producción. Ninguna autoridad lo exigió. Continuó el llenado de la balsa. Subió el volumen de agua, la presión de los lodos. Y a las 3.30 del 25 de abril los inclinómetros dejaron de ser necesarios para conocer los movimientos del dique. Toda España supo que se movía. Se vino abajo. «Si los inclinómetros están en buen estado, revelan si hay empujes sobre el muro. Y, si se detectan en modo grave, hay que reforzar el dique y paralizar el llenado», explica un experto. Según el informe de Geocisa, los inclinómetros del dique que contenía una balsa capaz de enterrar en lodo contaminado el parque natural de Doñana no estaban en perfecto estado de uso. Tres estaban sucios (el 1, el 2 y el 3). «En agosto de 1997 se realizó una limpieza de los tubos y mejoró su comportamiento». Pero en marzo pasado («hay que limpiarlos») estaban sucios. El informe destaca la importancia de tal limpieza. «En las paredes de los tubos inclinométricos se forma con el tiempo una película de lodo que dificulta el avance del sensor de medida». Y el sensor 4, que vigilaba la zona sur, no estaba sucio. Estaba inoperante desde mayo de 1997. «En el inclinómetro 4, el sensor de prueba quedó atascado a 18 centímetros de profundidad en mayo. Esto ha imposibilitado la toma de lecturas desde esa fecha». Tantos fueron los fallos de los inclinómetros en 1997, que Geocisa tituló un capítulo de su informe: «Problemática de los inclinómetros», donde resumía que « han estado dando problemas de lectura durante el año 1997». En el parte entregado en abril, Geocisa no da ninguna medición de los inclinómetros en 1998. Pero la balsa había avisado de sus movimientos durante 1997. Inclinómetro 1: «Refleja una anomalía entre las cotas 25 y 29. Consiste en dos movimientos de sentido contrario que se compensan mutuamente. Por su profundidad se trata de una zona que se encuentra en el seno de la marga (el subsuelo), por debajo del cuerpo del dique. Otra anomalía similar se detecta entre las cotas 52 y 55». Estos «pequeños» movimientos (en julio hubo uno mayor) se atribuyen a «la acción de las cargas», recolocación de bloques de escollera, y a pequeños errores de medición. Inclinómetro 2: «Refleja dos anomalías similares a las ya comentadas en cotas 29 y 46». Iguales causas. Inclinómetro 3: «Es el que refleja un mayor desplazamiento de los cuatro. El movimiento acumulado en cabeza en la dirección A (presión hacia atrás) es de hasta 5 centímetros durante 1997». Iguales causas. Inclinómetro 4: «Quedó inutilizado en mayo (de 1997)». Geocisa tranquilizó a Industria: «El fenómeno que sería significativo es una desviación súbita de entidad en la zona de marga (entre las cotas 20 y 35) que se presente en pocas lecturas y se mantenga hasta superficie». Pero «como este caso no se ha dado, se puede concluir que el compor Pasa a la página siguiente Viene de la página anterior tamiento del dique de la balsa de residuos hasta la fecha es correcto y de acuerdo a lo proyectado». Días más tarde, ocurrió el fenómeno significativo. Según el informe, en marzo de 1998 Geocisa aún estaba planificando el dispositivo de seguridad acordado dos años antes: «La instrumentación instalada en el dique y el sistema de gestión de la información se va a adecuar para hacerlos más completos, de acuerdo a lo que refleja el proyecto de recrecido». Uno de los fines era «evaluar el rango de movimientos esperables durante las labores de recrecimiento y comprobar el rango actual de movimientos». Y, en vísperas del desastre, planeaba otras mejoras. «En la nivelación de precisión se adecuarán los sistemas de obtención y proceso de datos, incluyendo el registro de los movimientos horizontales en las bases (...). Los datos obtenidos durante las inspecciones visuales se registrarán por escrito en un formulario». Boliden no se desmoronó tras el desastre. Buscó soluciones. Y las halló. Junta y Boliden, al alimón, los días 27 y 28, respectivamente, reclamaron a la Confederación del Guadalquivir verter sin depurar un millón de metros cúbicos de agua ácida, a razón de 400 metros cúbicos por hora. Alegaron que buscaban evitar «males mayores», ya que el cierre de la rotura era «muy provisional». Temían un desbordamiento total. La Confederación denegó verter sin depurar. La Junta acudió a los juzgados. El juez sopesó entre «peligro incierto» de desborde y peligro «cierto» de «incremento de contaminación». Lo denegó también. No obstante, según el director de Industria, en las primeras horas tras el suceso se bombearon 8.000 metros cúbicos de agua ácida de la balsa sin depurar. «Me dieron la autorización telefónicamente, y luego lo desmintieron». En la Confederación Hidrográfica niegan haber emitido ningún permiso. El lodo enterró parte del dinero público recibido por Boliden Apirsa desde 1993 de Hacienda (2.819 millones) y la Junta (1.025 millones). Una memoria detalla cómo parte de esa ayuda se invirtió en dos puntos negros de Boliden, la balsa y su depósito de residuos de industrias químicas de Huelva. Un total de 461 millones de pesetas fueron presupuestados para «el recrecimiento de la presa de residuos» y para dotarla de «canales de recogida de aguas para mejora del medio ambiente (...). Se han considerado en el diseño algunas mejoras que afectan al medio ambiente como recubrimiento con tierras de un vacíe actual que no se usará en el futuro». Con tan medioambiental lenguaje, según los ecologistas se encubre que Boliden enterraba con dinero público la corta (mina) abandonada que utilizó durante años como vertedero de residuos de industrias químicas de Huelva -Foret y Fertiberia, productoras de ácido sulfúrico-, según datos de Industria. Ambas compraban pirita a Minas de Aznalcóllar y le devolvían sus cenizas tras extraerle mediante combustión el azufre. ¿Residuos mineros o residuos tóxicos y peligrosos? La Junta asumió el argumento de las empresas: no eran peligrosos, ni residuos, sino subproductos susceptibles de reutilización para extraer oro y plata. Aún no ha ocurrido. Una auditoría de 1993 de una empresa autonómica andaluza, Egmasa, denunció su toxicidad. Las autoridades medioambientales andaluzas encargaron/pagaron el informe cuyas «barbaridades» hoy descalifican. El documento de 1993 denunciaba que «Foret produce un RTP (Residuo Tóxico Peligroso), unión de dos distintos (ácido débil y cenizas de piritas), que destina al abandono ya que se lo entrega a Minas de Aznalcóllar y se ubica en un vertedero, sin ningún tratamiento y sin que el depósito esté acondicionado para contener éste u otros RTP (no es un depósito de seguridad)». Y añadía: «El vertedero no tiene el vaso impermeabilizado, sino que éste es el terreno natural y los estériles de mina (...). Tienen que regar las cenizas para paliar la dispersión por el viento de las fracciones más finas». «Foret es el productor de un RTP que se lo entrega a un gestor no legalizado, Minas de Aznalcóllar, y éste, además, hace una gestión totalmente incorrecta de este residuo». ¿Por qué residuo tóxico y peligroso? Según Egmasa, un ácido débil es un RTP. Y las cenizas de pirita lo son doblemente: por ser residuo de un proceso industrial y de una combustión. Según un análisis de la empresa minera, las cenizas contenían un 0,45% de arsénico. Foret niega que se vertieran a la balsa y toda relación con el alto porcentaje de arsénico en los lodos (seis kilos por tonelada). Durante una década (1982 a 1993) Foret, a razón de 900 kilogramos por día, vertió sus cenizas mezcladas con ácidos débiles en esta corta. Formó un vertedero de 5.000 metros cuadrados. Luego la sustituyó en tales vertidos Fertiberia. Ante una inspección judicial, fruto de una denuncia, la empresa admitió que eran «difíciles», no imposibles, las filtraciones y que tenía permiso para gestionar residuos mineros, no tóxicos. Acaso para legalizar la actividad que durante más de una década realizó, el año pasado Boliden pidió permiso a la Consejería de Medio Ambiente para ubicar en sus terrenos un depósito de cenizas de pirita procedentes de industrias químicas de Huelva. Boliden tiene suerte. No sólo entierra o legaliza vertederos que oficialmente nunca existieron. Ha visto enterrados, ante la existencia de una causa judicial o por falta de competencias, sendos expedientes abiertos en 1996 por la Junta y la Confederación Hidrográfica por verter residuos contaminantes en los ríos Agrio y Guadiamar. Esa denuncia dio pie a su actual plan de seguridad, por exigencia de la Junta. Se le forzó a tener un plan interno que debía diseñar y vigilar día a día. Y de ello se ocupó Geocisa. La paradoja es que el dique se rompió cuando había crecido hasta 21 metros, cuatro por debajo de lo previsto. Debería haber sumado seis millones más de metros cúbicos de capacidad. «Ha fallado el proyecto. Porque un proyecto no sólo debe medir una resistencia normal, sino prever movimientos del subsuelo, presiones, deslizamientos. El cálculo teórico ha sido desbordado por la realidad. Luego el cálculo estaba mal hecho». Este argumento lo defienden una persona vinculada a Geocisa y un experto en presas. ¿Se estaba llenando más rápido de lo deseable la balsa? Existen técnicos que aseguran que en algunas fotos no se apreciaban las denominadas playas, fruto de la solidificación del lodo procedente de la mina, sino que se veía una inusual presencia de agua. Si a eso se une que la mina tenía solicitada una depuradora que doblaba su actual capacidad de vertido, algunos expertos plantean la hipótesis de que se estuviera llenando la balsa a un ritmo superior a su capacidad para asumir. El Instituto Tecnológico Geominero diagnosticó en 1985, cuando la balsa estaba lejos de su volumen actual: «Buena estabilidad en principio, no presenta problemas geomecánicos, aunque su gran volumen exige seguimiento de la evolución de su estructura». Boliden asegura que la Administración le pide que reabra la mina de Aznalcóllar. Los patos se agitan. No son accionistas. Su única empresa es Doñana.

» El sistema de seguridad de la presa, parcialmente averiado, había detectado en 1997 que el dique se movía. » La mina almacenaba residuos de industrias químicas