El fantasma de las pensiones

El candidato de los socialistas a la presidencia del Gobierno, José Borrell, denunció en el debate del estado de la Nación un presunto agujero de unos 280.000 millones de pesetas en la Seguridad Social. El secretario de Estado, Juan Carlos Aparicio, le acusó ayer de practicar "el tremendismo" y "el catastrofismo" y le emplazó a que presente pruebas documentales. Sin embargo, el consejero de Economía de la Generalitat catalana, Artur Mas, se ha sumado, a su vez, a quienes aprecian "visos de realidad" en la alarma encendida. Así, el PSOE quiere que el propio José María Aznar informe el próximo miércoles en el Congreso, en el pleno de control al Ejecutivo, acerca de la financiación de ese organismo.Alarma, confusión, ruido... Las pensiones públicas vuelven a la escena política como arma arrojadiza. Acusaciones cruzadas sobre manejos contables, déficit ocultos, recortes... A la hora de la verdad, están en juego más de siete millones de votos y la experiencia demuestra que ningún partido está dispuesto a quemarse con ese fuego.

¿Tiene sentido todo este barullo? El Pacto de Toledo, suscrito por todas las fuerzas políticas en 1995, dejó claro que, al menos hasta el año 2000, la viabilidad financiera del sistema público de pensiones está garantizada. La ley aprobada en 1997, consecuencia del mismo, recogió un aspecto esencial: las pensiones suben cada año igual que los precios.

Además, el mencionado pacto estableció el principio de que cada palo debe aguantar su vela. El Estado ha de asumir la financiación de la sanidad y la Seguridad Social puede limitarse a pagar las pensiones contributivas (las que se perciben por haber cotizado). Debe asumir también el Estado el complemento de mínimos (la cantidad que falta para que el pensionista perciba el mínimo garantizado por ley). En definitiva, la sanidad debe pagarse con impuestos; las pensiones, con cuotas sociales.

Un primer paso en este sentido se dio ya en los Presupuestos de 1997, aunque en el año 2000 debe completarse el proceso. Para 1998, 3,5 billones para la sanidad salen del Presupuesto del Estado y 116.000 millones de la Seguridad Social.

No falta quien considera ese acuerdo insuficiente para resolver a más largo plazo un problema con raíces demográficas. La gente vive más tiempo después de la jubilación, luego la proporción entre años cotizados y años como pensionista evoluciona en favor de estos últimos. Para 1998, el gasto en pensiones contributivas asciende a 7,4 billones, un 5,8% más que en 1997, y los ingresos por cotizaciones ascienden a 8,4 billones, un 5,1% más.

Todo ministro de Trabajo que accede al cargo recibe un primer consejo de su antecesor: las pensiones han de pagarse mes a mes y los ingresos por cotizaciones no siempre se obtienen a tiempo. En la gestión del día a día se producen así los "desfases de tesorería", cubiertos por el Estado con préstamos.

El problema se agrava cuando, como sucede hasta ahora, aunque cada vez menos, la Seguridad Social debe asumir parte de la financiación de la sanidad, o hay una crisis económica con aumento del paro y merma de los ingresos por cotizaciones. De aquí, que en años anteriores la deuda de la Seguridad Social con el Estado haya alcanzado el billón y medio. En 1997 fueron 350.000 millones y para 1998 está prevista una cantidad similar. Estos préstamos no se devuelven y, en teoría, deberían aparecer al menos como un déficit del Estado.

Si a la Seguridad Social se le elimina todo lo que no son prestaciones contributivas, es decir se le deja con los gastos que le son propios, el balance actual es excedentario. En 1997, las cotizaciones ingresadas alcanzaron los 7,63 billones, mientras que los pagos por pensiones contributivas, bajas laborales, maternidades, ayudas familiares y gastos de gestión se situaron en 7,74 billones. Descontado el complemento de mínimos (608.000 millones), que debe asumir el Estado, el resultado es excedentario en 495.600 millones.

Ésta sería la foto fija y aislada del balance de la Seguridad Social. Pero el problema de fondo es que los gastos están y en algún sitio deberían aparecer. La etapa de Carlos Solchaga como ministro de Economía dejó un billón en facturas de sanidad no pagadas por la Seguridad Social -Borrell era entonces responsable de la ejecución del Presupuesto como secretario de Estado de Hacienda-; su sucesor, Pedro Solbes, tuvo que reconocerlas y sufragarlas con préstamos, y el Pacto de Toledo, suscrito en la etapa socialista y ejecutado por el Gobierno del PP, intenta poner orden en este caos contable.

Como se ha demostrado durante el debate, la contabilidad es un arma de doble filo que da margen para presentar las cosas a gusto de cada cual para mayor confusión del resto. Con Solchaga, los déficit, simplemente, se ocultaban; Solbes hizo préstamos a la Seguridad Social que se contabilizaban como déficit de este organismo, y el Gobierno de Aznar los financia con deuda del Estado, luego no aparecen en su déficit.

Más en detalle, la Seguridad Social, cargada de sus obligaciones actuales, presentó un déficit en 1997 del 0,23% del PIB, 180.000 millones. Aquí no aparecen los préstamos del Estado y sus ingresos se contabilizan como derechos reconocidos o devengados ( lo que se ha cobrado más lo que está pendiente). Este criterio es distinto al de caja (sólo contabiliza lo efectivamente ingresado) y, en este sentido, está inflado.

A esta diferencia de criterio se agarró Borrell, escudado en un informe de la Oficina del Presupuesto, que dirige José Barea, para decir que hay 280.000 millones de déficit oculto. Esta cifra sale de la diferencia entre los ingresos devengados y los cobrados en caja.

Barea afirma que la Seguridad Social tendrá que volver al criterio de caja en el año 2.000 por imperativo de la Unión Europea (UE). Pero el Gobierno del PP sostiene que nada de esto está decidido y que sus criterios contables siguen al pie de la letra las exigencias de la UE.

¿Tiene trascendencia política esta discusión contable? En cierto sentido, sí. Pero no por los argumentos técnicos en los que Borrell se enredó durante el debate. El problema es que el Estado deberá asumir antes del año 2000 los gastos que el Pacto de Toledo descarga de la Seguridad Social y, al mismo tiempo, el Gobierno del PP proyecta una rebaja fiscal de al menos 600.000 millones. Sigue, pues, en el aire la pregunta de quién y cómo se pagará todo esto.