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Costas descarta que las marismas de Muskiz recuperen su estado original

La Dirección de Costas ha descartado que las marismas de la playa de La Arena recuperen el estado que tenían originalmente, como había exigido el Gobierno vasco. Costas ha optado por una fórmula intermedia -aunque abierta a cambios- entre esta opción y la defendida por la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), que antes de octubre de 2002 debe abandonar sus instalaciones y desmontar los 24 tanques ubicados junto a la playa. CLH tiene que presentar en un plazo de seis meses el proyecto de ejecución.

La resolución del órgano estatal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente es un paso más en el proceso iniciado en octubre pasado, cuando venció la concesión de 25 años otorgada a la antigua Campsa por el uso de los terrenos. La zona, que es dominio público marítimo-terrestre, pertenece a la Demarcación de Costas y desde hace tiempo todas las instituciones han tenido clara la necesidad de su recuperación. Después de que se decidiera conceder una moratoria de cinco años para el desmantelamiento de las instalaciones, la compañía presentó en diciembre un plan que planteaba iniciar el traslado de los depósitos en el año 2000 y optaba por una recuperación ambiental que pasaba, conservando algunas instalaciones, por el aumento de la superficie actual de la marisma y la mejora paisajística del entorno. CLH descartaba así las otras dos alternativas existentes: la restauración de la marisma original -la opción más conservacionista- y el aumento de la actual superficie de la zona húmeda, pero con acondicionamiento de la zona para otros usos, destinando la superficie libre de instalaciones para la utilización urbana que decida el Ayuntamiento de Muskiz. Costas se ha inclinado por esta última opción, en una resolución dictada el pasado 20 de abril y que ha sido comunicada esta misma semana a la compañía de hidrocarburos, según informaron en la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya. Sin embargo, no la considera inamovible y se muestra abierto a modificaciones puntuales de los otros dos proyectos existentes. El acuerdo confirma el plazo de cinco años para el total desmantelamiento de sus instalaciones, que ocupan una superficie de 165.000 metros cuadrados, con lo que la fecha tope sería octubre de 2002. Costas da a CLH seis meses para presentar un proyecto de ejecución de la alternativa de regeneración decidida. En caso contrario, se quedaría con los 750 millones de pesetas que la compañía depositó como aval por la moratoria de cinco años. Un portavoz de la Subdelegación del Gobierno informó que, tras recibir el proyecto de la empresa, la Dirección de Costas lo estudiará y se remitirá al Ayuntamiento de Muskiz y la Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco para que realicen sus aportaciones. Posteriormente, se estudiaría de nuevo, iría a la Dirección de Costas en Madrid y, pasados todos los trámites, se aprobaría el proyecto de ejecución. Para el verano de 1999 Con estos pasos el Gobierno central estima que el desmantelamiento de los tanques de la playa de La Arena no se iniciará antes del verano de 1999. Este plazo es similar al propuesto por CLH, que hablaba del inicio del traslado en el 2000. El Ejecutivo autónomo ha mantenido una postura más dura y ha propuesto que la supresión de las instalaciones se haga antes de tres años. Mientras, la futura ubicación de la planta sigue pendiente. Según los últimos datos aportados la Diputación vizcaína, la antigua Campsa estudiaba el traslado al polígono de la sociedad Abra Industrial en Ortuella. En estos últimos meses, representantes de Hacienda se han reunido con la dirección de CLH. El interés para que la empresa no abandone Vizcaya es obvio: en 1996, aportó 67.000 millones a la Agencia Tributaria, una cifra que podría ir a parar a las haciendas vascas al haber sido cedidos los impuestos especiales a las diputaciones forales. CLH ha exigido una parcela industrial de casi 200.000 metros cuadrados, situada cerca de las instalaciones de Petronor y con posibilidad de enganche al gasoducto de Burgos.

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