La Cámara vasca denuncia la dispersión ante el Consejo de Europa

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, José Antonio Rubalcaba (PNV), remitió en abril la denuncia contra la política penitenciaria del Gobierno al Comité para la Prevención de la Tortura (CPT). Este Comité, dependiente del Consejo de Europa y uno de los organismos elegidos por la comisión parlamentaria para denunciar la dispersión, abogó en 1994 por el cumplimiento de las condenas de los presos en sus lugares de origen. Tras la visita realizada a España entre el 10 y el 12 de abril de 1994, reflejó en un informe que "consideraciones humanitarias, así como el objetivo de la rehabilitación social, hablan en favor de que los presos cumplan sus condenas en la región donde tienen lazos familiares y sociales". El Comité puede poner en marcha mecanismos preventivos no judiciales que complementen los mecanismos judiciales de control de la Comisión y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco decidió el pasado 18 de febrero, con los votos de PNV, EA, HB e IU, denunciar ante dos instancias dependientes del Consejo de Europa la política de dispersión que vienen aplicando los sucesivos gobiernos españoles desde la década de los 80 con los presos de ETA. El mismo día de la votación se informó que a la vez que tenían previsto denunciar la dispersión ante Derechos Humanos del Consejo de Europa, se elevaría la misma protesta al Comité para la Prevención de la Tortura.

Desde entonces, los trabajos de la comisión están paralizados. Rubalcaba no ha presentado el acuerdo ante la comisión europea de Derechos Humanos. La vía de denunciar el caso ante la comisión de Derechos Humanos tiene muy pocas posibilidades de salir adelante, según han coincidido en admitir tanto Rubalcaba como diferentes juristas. El hecho de ser presentada por una institución en vez de por una víctima concreta que haya agotado los recursos judiciales en su país hace casi imposible que salga adelante. En el caso de la denuncia ante el Comité para la Tortura parece que nacionalistas e IU han aprovechado el informe de 1994 como enganche.