Los delitos bajaron un 1% en 1997, pese al aumento de robos con violencia y homicidios

Cifras totales o parciales. Unas y otras trazaron ayer en el Senado la línea de fuego del debate sobre seguridad entre el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, y el socialista Juan Barranco. Mientras el ministro se escudó en que respecto a 1996 el porcentaje total de delitos en la región había descendido un 1,07% en 1997 (pasaron de 180.047 a 178.128), Barranco cargó su artillería con los apartados más dolorosos de la estadística: aumento del 2,67% en robos con fuerza, del 1,51% en robos con violencia, del 14,4% en sustracciones de coches y del 7,76% en homicidios.

De nada sirvió ayer en la Comisión de Interior que ministro y senador manejasen idéntica estadística. Pese a tener sobre la mesa los mismos datos, los mismos porcentajes y, en definitiva, el mismo informe (un estudio de la criminalidad en la región elaborado por el Gabinete de Coordinación del Ministerio del Interior), Mayor Oreja y Barranco sólo coincidieron en su preocupación por la seguridad ciudadana y el resurgir de los grupos neonazis.Mayor Oreja, con todo, tomó distancia respecto a sus propios datos y, desde el principio de su intervención, surgida a raíz de tres preguntas de Barranco, alertó sobre la relatividad de las cifras. "Por ejemplo, un aumento de denuncias incide en la estadística, pero no implica un incremento de la inseguridad, sino que puede deberse a que una mejor acción policial haya permitido recabar más denuncias. Lo mismo vale para el caso contrario: un descenso en las denuncias, puede significar una peor implantación policial".

Tendencia a la baja

Dicho lo cual, el ministro pasó a examinar los resultados de 1997. Durante ese periodo se denunciaron 178.128 delitos en la región, un 1,07% menos que en 1996. Un descenso que Mayor Oreja atribuyó a una tendencia anterior a la llegada del PP al Gobierno y que se inició en 1988, año en el que se registraron 198.000 delitos, un 10% más que en 1997. "De todos modos, la reducción, que también alcanza a la capital, donde se cifra en un 0,9%, no es un argumento satisfactorio ni suficiente", señaló el ministro.La respuesta de Barranco partió también de un alejamiento de las cifras, aunque esta vez de las aportadas por el ministro. "No cuadran con la realidad social", espetó el senador socialista. Para Barranco, los fallos en la política de seguridad ministerial han abonado "la semilla de la violencia" hasta el punto de haberla convertido en un "peaje de pago" casi obligado para vivir en la capital. Para corroborarlo, el ex alcalde de Madrid repasó los últimos titulares de las crónicas de sucesos locales -hecho que le valió que el ministro le comparase con un redactor del tremendista El Caso- y sacó a relucir datos obtenidos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, del Libro Blanco de la Policía Local y, sobre todo, del Ministerio del Interior, que se convirtieron en su principal ariete.

La andanada se resumió así: respecto a 1996 los robos con fuerza a las cosas se incrementaron en 1997 un 2,67% (pasaron de 74.625 a 76.617), los robos con violencia e intimidación aumentaron un 1,51% (de 31.207 a 31.679), la sustracción de vehículos se disparó un 14% (de 28.849 a 33.016), los homicidios crecieron un 7,76% (de 116 a 125); las lesiones, un 9,04% (de 2.069 a 2.256), y los delitos contra la libertad sexual, un 3,86% (de 1.113 a 1.156). Toda una batería de porcentajes que le sirvió a Barranco para reafirmar sus críticas -"aquí están los datos y la preocupación ciudadana"- y al ministro de Interior para pedir una reflexión y una nueva cultura de seguridad en la que se impliquen todos los sectores sociales -"también usted, señor Barranco"-. El debate, sin embargo, no se agotó en las meras cifras.

Policía de barrio. El ministro adelantó que esta iniciativa "embrionaria", implantada en mayo de 1997 en Entrevías, Usera y Chamberí (69 agentes, 5 coches y 35 motos), y en abril en Alcalá, se pondrá en marcha el 18 de mayo en Vallecas, Carabanchel, Centro y Arganzuela (179 policías), y en junio en Móstoles, Leganés, Fuenlabrada y Getafe (70 agentes), así como en trenes, metro y autobuses. Mayor Oreja recordó que se habían conseguido incrementar las denuncias en Entrevías (11%) y en Usera (31%), aunque acto seguido también consideró un éxito el descenso de delitos (denuncias) en Chamberí (bajaron un 2,24% en febrero de 1998), Vallecas (3%) y Usera (2,87%). En este contexto, el ministro negó que el comisario de Entrevías, donde se estrenó esta policía, hubiese sido trasladado por el aumento de delitos. Barranco consideró que la policía de barrio se había convertido en una operación de imagen -"la mayoría de los madrileños ni se ha enterado de su existencia"- y recordó que toda la policía debería ser próxima a los ciudadanos.

Efectivos. Mayor Oreja, que reconoció la escasez de presupuesto de su departamento, anunció un plan de choque para mejorar las instalaciones de las comisarías con mayor carga (Centro, Chamberí, Usera, Móstoles y Alcalá), anunció la llegada de 500 nuevos vehículos policiales y aseguró el incremento de plantilla en 1.000 agentes (muchos de prácticas o recién salidos de la academia). En este punto, señaló que si no se han cubierto todas las 620 vacantes para la Policía Nacional en la región, no ha sido por falta de motivación, sino por un problema económico. Barranco, en su respuesta, apuntó la falta de comisarios en Madrid (42 frente a los 44 de Valencia), el exceso de servicios de escolta (la "mayoría de los adscritos a Seguridad Ciudadana") y el mal estado de los calabozos ("el 90% es tercermundista, según el SUP").

Coordinación. El ministro alabó las juntas y consejos de seguridad (órganos de participación ciudadana que se celebran cada semestre en distritos, ciudades y provincias) como el puntal de la coordinación. Barranco le recordó su carácter testimonial e insistió en que la de Madrid sólo se ha reunido una vez, pese a las llamadas de la oposición.