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México diseña un nuevo impuesto para financiar la lucha contra la delincuencia

Juan Jesús Aznárez

No hace mucho, un periodista cometió una infracción de tráfico sancionada con 500 pesos (unas 4.000 pesetas) y, contrito, pidió disculpas a la patrulla. Los agentes se avenían a razones previo pago de una mordida de 200 pesos. El reportero, siempre humilde, reiterando a ras de suelo su admisión de culpa, ensayó a la baja: «Discúlpenme, agentes, no quisiera faltarles al respeto, pero es que sólo tengo 15 pesos (300 pesetas)». Noblemente, el jefe de patrulla respondió: «Pues no nos pongamos tan draconianos, mi cuate, ahí démelos».

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Venial ese arreglo entre el reo y la autoridad, la delincuencia más perseguida por el Gobierno de México es de mayor calado: fiscal, administrativa, agrupada en mafias policiales o judiciales, secuestros, atracos a mano armada, contrabando, narcotráfico. Siendo un problema de primer orden, que afecta a veces el flujo de inversiones, la Secretaría de Gobernación (ministerio de Interior) y las gobernaciones de cinco Estados analizan la aprobación parlamentaria de un nuevo impuesto para financiar acciones contra la delincuencia. Aumentar el magro sueldo de los policías es una esencial.La iniciativa oficial pretende un cambio radical del combate contra la lacra. Hasta ahora, la depuración de los cuerpos de seguridad y de justicia, su conversión en instituciones profesionales, bien equipadas y progresivamente inasequibles al soborno, choca con las limitaciones financieras, entre otras causas más profundas. Los nuevos recursos contra el hampa, callejera o de despacho, no derivarían de un aumento de las actuales partidas presupuestarias, sino de un gravamen especial, establecido al efecto. Las gobernaciones de los Estados de Guerrero, Chiapas, Morelos, Chihuahua y Jalisco secundan esa inversión extraordinaria porque algunas bandas disponen de más medios que la propia policía.

De entrada, portavoces de la oposición anticiparon su voto negativo a la nueva fiscalidad. «El asunto en Morelos es muy claro, los funcionarios protegen a los delincuentes. Por eso me parece absurda la pretensión de establecer un impuesto especial», declaró Rogelio Sada, vicecoordinador de política económica del conservador Partido de Acción Nacional (PAN). Victorio Montalvo, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, diputado del centroizquierdistra Partido de la Revolución Democrática (PRD), reclamó una mejor utilización de los fondos disponibles y «no andarse sacando medidas de la manga que carecen de seriedad frente a los graves problemas que tenemos».

Todos prometieron, sin embargo, estudiar detenidamente la propuesta apuntada por el Gobierno de Ernesto Zedillo, y, a la espera de su concreción, el empresariado de Morelos pidió ser tenido en cuenta en la ronda de consultas: «Hay que consensuar el nuevo impuesto. Los empresarios enfrentan una situación difícil después de la crisis económica de 1994, y se encuentran en un punto de recuperación media».

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