Tasas y estudios para todos

La parte más tangible del informe Dearing, la introducción de tasas universitarias a partir del próximo otoño, sigue enfrentando a los estudiantes británicos con el Ministerio de Educación. Las protestas y manifestaciones registradas en todo el Reino Unido en 1997, sin embargo, han dado paso a una forma más sutil de presión. El pago obligatorio de matrículas de hasta 1.000 libras anuales (unas 250.000 pesetas) se convertirá en ley casi cuando las aulas abran sus puertas a los nuevos alumnos. El Gobierno laborista no espera tener problemas para aprobar el proyecto en la Cámara de los Comunes, y allí ha fijado precisamente su atención el sindicato de estudiantes.En opinión de sus portavoces, la idea de una «sociedad del aprendizaje» propuesta por el equipo de lord Dearing es «luminosa, necesaria y factible». Los estudiantes están dispuestos a sufragar sus gastos de alojamiento y manutención, «pero pagar por la educación misma, por el profesorado, es algo que no había sucedido nunca antes en este país». «Nos sentimos traicionados», señalan. Aunque la enseñanza superior podía llamarse gratuita porque el Estado sufragaba las matrículas, la futura devolución de las mismas ha sido pensada de forma que el estudiante lo note lo menos posible.

Mínimo exento

Por debajo de los cinco millones de renta anual, las tasas no existen. Por encima de los ocho millones, el inscrito deberá abonar casi con seguridad las 1.000 libras de rigor. «En medio habrá innumerables estudiantes con ingresos muy diversos que pagarán una matrícula adecuada a sus posibilidades», según el ministerio. Dicha explicación y el hecho de que los préstamos solicitados para hacerles frente no deban ser devueltos hasta que el licenciado gane más de tres millones de pesetas al año, no convencen a los afectados. «Todos sufriremos con esta medida. Irlanda ha abandonado ya el proyecto y Australia ha visto lo nefasto que era. Esperamos presionar lo bastante para que el Reino Unido también lo haga», clama el sindicato.Según sus previsiones, una vez concluido el periodo oficial de matriculación, podrá comprobarse el efecto que ha tenido. «Habrá muchos menos inscritos que otros años». La respuesta del Gobierno a esta oscura predicción es rauda. Los estudiantes tardarán en acostumbrarse al nuevo sistema, pero recogerán sus frutos a la larga. «Es una forma mucho más equitativa de facilitar a todos el acceso a la universidad», asegura el ministerio. Para su titular, David Blunkett, los alumnos que trabajan y estudian a tiempo parcial y los mayores de 25 años tienen también derecho a la educación superior.