El euskera en la justicia requiere a todos

Asisto con sorpresa a la difusión en todos los medios de un escrito firmado por un colectivo de jueces y magistrados, en el que se me cita por un artículo mío publicado sólo en el diario Deia y tengo una sensación de indefensión que me lleva a elaborar estas puntualizaciones: Me atribuyen los autores deplorar el resultado de una votación habida en el Congreso de los Diputados, a propósito del asunto objeto de su nota, cuando el contenido de mi artículo y de mi intervención en el pleno, de la que traía causa, era justo el contrario. Me alegraba de poder debatir, hablar o escribir sobre un tema polémico con argumentos. Me distanciaba tanto de quienes amenazan en la exigencia como de quienes truenan eludiendo a la ruptura de un poder único en el Estado, que no es el caso de los firmantes. Desde la prudencia y desde el reconocimiento de la realidad socio-lingüística del país, me parecía interesante y necesario poner sobre la mesa un argumento de estricta constitucionalidad, que debe, según mi opinión, ser tenido en cuenta: el derecho de defensa en la lengua propia y oficial del sometido a un proceso penal. Para ello, aludía a la relevancia que el Tribunal Constitucional ha dado a la llamada autodefensa, a la viva voz del acusado, como integrante de este derecho. Cuando se alude al debate en el Congreso, del día 21 de abril, se dice que fue a propósito de una iniciativa nacionalista, lo que es cierto, pero dado el ámbito de difusión en prensa del escrito, y la especial ebullición del problema localizado en Euskadi, no puedo evitar tener la impresión de que se elude decir quién era en concreto, para que se cree la sensación de que era del PNV puesto que va a ser descalificada a renglón seguido. Pues no. Era del Bloque Nacionalista Galego, y se planteaba en términos más exigentes que lo que como partido venimos sosteniendo, ya que se hablaba del conocimiento de las lenguas como requisito, y no como mérito, que es la coordenada en la que nos estamos moviendo. Para rechazar la solución de existencia de unos posibles jueces bilingües móviles, cuya configuración legal requeriría de muy pausado estudio, se afirma que una solución de este estilo contravendría la voluntad democráticamente expresada por el Congreso de los Diputados en el citado día 21 de abril. No confundamos. Las señorías firmantes saben de sobra lo que es un debate de toma en consideración de un iniciativa, y conocen también los estrictos términos de la proposición de ley del BNG, una reforma del artículo 341 y 471 de la Ley Orgánica de Poder Judicial sustituyendo mérito por requisito. Esto es lo que se rechazó exactamente, y no la "construcción" de soluciones transitorias como falsamente se afirma. Éstas fueron pedidas o hicieron llamamientos a buscarlas grupos como Convergència i Unió o Izquierda Unida que se abstuvieron en la votación. Por eso he dicho al principio que no he deplorado nada del debate, al contrario, me alegraba de que se pudiese empezar a plantear este asunto, a poner en la balanza todos los derechos y valores implicados: el derecho de defensa en la propia lengua; el derecho al juez natural predeterminado por la ley, que bien podría predeterminar objetivamente un juez euskaldún; la realidad socio-lingüística de la carrera judicial y del país, y cualesquiera otros que sean atendibles. No dedicaré mucho esfuerzo a la comparación de las soluciones al problema que yo apuntaba, con las justicia estamental y la mención a Corregidores de Capa y Espada o a Alcaldes de Hijosdalgo. El derecho a utilizar la lengua propia reconocida con el carácter de oficial no es un privilegio de casta. Finalmente, desde el reconocimiento a la labor de todos los firmantes y el afecto personal que tengo a muchos de ellos, les solicito que aporten sus muchos saberes al intento de solución de un problema realmente existente, y no a confeccionar escritos como arma arrojadiza.

Margarita Uria es diputada de EAJ-PNV en el Congreso.