El Parlamento plantea igualar la ayuda a víctimas de delitos violentos a las de ETA

El pleno del Parlamento vasco reclamó ayer al Gobierno central que equipare las ayudas económicas que reciben las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual con las que perciben las del terrorismo de ETA. Todos los partidos, excepto el PP, apoyaron esta proposición no de ley, que fue el fruto de una enmienda transaccional presentada por el tripartito a una iniciativa de IU. Los populares justificaron su no en que la equiparación supondría "un costo económico inasumible" para la Administración.

En el texto, el Parlamento insta al Gobierno que encabeza José María Aznar a promover la "progresiva homogeneización" de las ayudas, especialmente en los supuestos de delitos más graves y en las situaciones donde se dé mayor desprotección. Asimismo, pide al Gobierno vasco que facilite el acceso a los servicios públicos y sociales, que configuran el sistema de protección social de Euskadi, a todas las víctimas de delitos. La directora de Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús Conde, ya criticó hace unos meses la diferencia de trato económico que existe entre un tipo de víctimas y otro. Los partidos políticos coincidieron al valorar que esta situación de discriminación "no se entiende". Sin embargo, el portavoz del PP, Eugenio Damboriena, hizo hincapié en que el terrorismo es un "fenómeno excepcional" y, por lo tanto, precisa de ayudas singulares. En esta línea, el parlamentario popular consideró inviable la equiparación por razones de tipo económico. "La homogeneización [de las ayudas]", señaló, "sólo sería posible por el nivel más bajo, lo que se traduciría en rebajar las ayudas a las víctimas del terrorismo". Recordó que a lo largo de un año se contabiliza una media de 800 víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, una cifra similar a los muertos provocados por ETA en 30 años. De esta forma, el Estado paga en indemnizaciones a los familiares de las víctimas de ETA unos 500 millones de pesetas al año, mientras que para los otros delitos desembolsa 14.900 millones, al ser más numerosos. El representante del PSE, Fernando Buesa, tachó de "injusta" la situación y recurrió a un ejemplo para demostrarlo: "Una misma mujer, con dos hijos, recibe un 40% más de ayudas si la asesina un terrorista que si la viola y la mata otro delincuente". De primera y segunda La representante de EA, Jasone Iraragorri, recalcó: "En Euskadi el corazón nos lleva hacia las víctimas del terrorismo, pero hay víctimas de otros delitos violentos que sufren los mismos perjuicios irreparables". Para Enriqueta Benito (UA), no se puede "hablar de lo bien que estamos en Europa" al mismo tiempo que "algo tan humano" como la equiparación de indemnizaciones para las víctimas "no haya sido asumido por el Gobierno central". Raúl Reyero, del Grupo Mixto, defendió que las víctimas tienen que tener un común denominador: "Las mismas prestaciones". La parlamentaria del PNV Elixabete Piñol culpó al Ejecutivo del PP de posibilitar que existan "víctimas de primera", en referencia a las del terrorismo, y de segunda, las de delitos comunes, por no ratificar el convenio del Consejo de Europa de noviembre de 1983 relativo a la indemnización de las víctimas por delitos violentos. Por otra parte, el Parlamento vasco rechazó una propuesta de IU-EB en la que solicitaba la sustitución de los arrestos de fin de semana por los domiciliarios. Según IU, los arrestos de fin de semana no contribuyen a resocializar a los penados. El pasado 30 de abril, el Gobierno central aprobó un decreto en el que figuraban los 24 centros especialmente acondicionados donde se pueden cumplir los arrestos de fin de semana, generalmente asociados con delitos leves o faltas y que en ocasiones se pueden eludir con el pago de una multa. Como ninguno de los 24 centros está ubicado en Euskadi, los condenados a un fin de semana de arresto tendrían que que cumplirlo en una cárcel del País Vasco. El parlamentario de IU José Luis Ainsúa recalcó que "la mayoría de los que han cometido alguna de esas faltas no puede pagar la multa y va a la cárcel. Es algo desproporcionado que tengan que ir a la cárcel por ese tipo de delitos". EA adujo que el Parlamento vasco no es el marco adecuado para plantear este tipo de reformas. El PNV y el PSE indicaron que es el juez quien tiene la potestad de decidir entre la multa o el arresto.