El funcionario acusado de vender fotocopias trabaja ahora de inspector
El Ayuntamiento de Bilbao ha trasladado de puesto al funcionario que está siendo investigado por un juzgado por montar una red de venta de fotocopias. El empleado, que trabajaba en el servicio de fotocopias municipal, está adscrito desde el pasado abril al área de Obras y Servicios, donde desempeña labores de inspección de saneamiento, según confirmaron fuentes del consistorio. La única medida tomada por la corporación ha sido abrirle un expediente disciplinario, pero sin contenido alguno.
La presunta corrupción se destapó a mediados de diciembre, como adelantó este periódico. Según la investigación realizada, José Ramón González Pamo -uno de los tres funcionarios que estaban a cargo del servicio de fotocopias municipal-, había montado toda una red con varios colaboradores que captaba clientes a través de dos teléfonos: uno particular y otro del grupo Jóvenes por la Paz, embaucado sin saber lo que se realizaba. Las primeras indagaciones apuntaban que pudo comerciar con cientos de miles de fotocopias de libros de texto universitarios y también con la venta de folios. Ya en 1995, se apreció en el servicio un desfase de 330.000 hojas. El funcionario eludía los controles del Ayuntamiento sobre las fotocopias -cada pedido incluye el número y está firmado por el jefe de sección- mediante la manipulación de las cifras, que evitaba el descubrimiento de lo que ocurría. La investigación constató que González Pamo fue visto en varias ocasiones, fuera de su jornada de trabajo, saliendo del Ayuntamiento junto a personas ajenas al consistorio, que se supone serían sus colaboradores, en una ocasión con 15 cajas de 500 folios cada una y en otra con tres grandes bolsas de basura que contenían fotocopias. Baja médica El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao, que aún no ha dictado ningún auto de procesamiento. Desde diciembre a marzo, el funcionario ha estado de baja médica aquejado de una fuerte depresión, según fuentes municipales. Durante la pasada Semana Santa el área de Recursos Humanos inició las gestiones para recolocarle en otro puesto y, en un principio, quiso situarle en el departamento de Ordenanzas, aseguraron los mismos medios. Pero los responsables de dicho departamento exigieron una orden de traslado por escrito, lo que no fue tramitado por Recursos Humanos. Finalmente, tras sondear otras opciones, se adscribió a González Pamo a Obras y Servicios, donde desde el pasado mes desempeña labores de inspección de saneamiento, según las fuentes consultadas. El Ayuntamiento bilbaíno, que fue quien interpuso la denuncia de los hechos en los juzgados, se ha limitado a abrir a González Pamo un expediente disciplinario sin ningún contenido, no ha decretado una suspensión cautelar de empleo y sueldo y ha optado por cambiarle de puesto de trabajo. Un cargo municipal consultado señaló que el consistorio no puede tomar una decisión disciplinaria distinta a la que, en su caso, determine la justicia. "Por ley estamos atados a la sentencia judicial y, cuando se produzca, nos tendremos que limitar a ejecutarla. La suspensión cautelar es un medida que se adopta de manera excepcional y la Sala [judicial] suele levantarla a la mínima. En caso de que haya una condena inferior al tiempo que ha estado suspendido, se le tiene que pagar esa diferencia y encima sin haber trabajado".
