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Las víctimas del "caso Doñana"

La riada tóxica afecta directamente a unos 50.000 habitantes de la zona, además de 520 mineros y 500 agricultores

Francisco Peregil

A las tres y veinte de la madrugada del sábado 25 de abril, la Guardia Civil de Aznalcóllar (Sevilla, 5.812 habitantes según el último padrón) recibió la llamada de José Luis García Bejarano. El vecino, que vive en la finca El Crispín, próxima a la mina del pueblo, había escuchado un «ruido imponente». Era una noche de poca luz, de luna menguante. Y García Bejarano oía la corriente del Guadiamar ensancharse como nunca lo hizo y avanzar en dirección al corazón del Parque Nacional de Doñana, unos sesenta kilómetros aguas abajo. El color del río era de repente negro y apenas se distinguía en la noche.Cuarenta metros de una presa que mide dos kilómetros de frente se habían roto dejando escapar una sustancia venenosa que avanzaba en forma de serpiente. Ése fue el comienzo del viaje que emprendieron los cinco millones de metros cúbicos de residuos de metales pesados almacenados en la mina de cobre, plomo y zinc. La serpiente engordaba conforme se deslizaba por pastos, olivares, arrozales y melocotonares hasta alcanzar medio kilómetro de anchura, que es lo que medía esa noche el cauce del Guadiamar.

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Las autoridades se esforzaron para que no penetrara en el corazón del parque, y la desviaron hacia la desembocadura del Guadalquivir. Hasta ayer, sus destrozos abarcaban los ocho pueblos de la provincia de Sevilla que van desde Aznalcóllar hasta Villafranco, con un total de casi 48.000 habitantes. Mientras tanto, los vecinos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, 56.006 habitantes) o Trebujena (Cádiz, 6.915) esperaban angustiados que no avanzase por el Guadalquivir, y se quejaban de que por una mala política de información, de políticos y periodistas, la sociedad creyera que sus langostinos y frutales pudiesen estar intoxicados. Se quejaban también de que se confundiera Sanlúcar la Mayor, municipio afectado en Sevilla, con Sanlúcar de Barrameda, localidad que, de momento, no ha sido alcanzada por los residuos.

En los pueblos de Sevilla, los afectados se preguntaban: «¿Cuándo se podrán cultivar nuestras tierras?». Y en los de Cádiz: «¿Bajará la mancha negra más kilómetros hasta nosotros? Tenemos la seguridad de que los vertidos no nos van a afectar». Y, tanto en unos como en otros, abundaban las frases de este tipo: «Sólo se habla de patos y peces. Pero ya va siendo hora de que se hable de nuestros hijos y del pan de ellos, ¿no?».

Lo que viene a continuación es el retrato de una población asustada por lo que ha pasado y lo que puede pasar. De las víctimas del caso Doñana.

MINEROS

José Ramos Montero, de 41 años, casado y con dos hijos, cree, como muchos de sus 520 compañeros de Mina Caridad más los 1.500 empleados indirectos de Aznalcóllar, que si la empresa sueca Boliden Apirsa se ve acosada por la Administración española, la mina se cerrará. El presidente de Boliden, Anders Bülow, ya declaró el miércoles que siente vergüenza por lo ocurrido y que está dispuesto a reemprender la actividad de las minas. «¿Pero cuándo recibirá la autorización de las autoridades políticas?»; «¿Quién se atreverá a dársela?», se pregunta una fuente cercana a la investigación jurídica del caso.

Mientras llegan al Juzgado de Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor las primeras diligencias de un caso que se presume lento y bastante laborioso, en el aire quedan situaciones como la que atraviesa el minero José Ramos: «Acabo de comprarme un piso. Yo cobro 170.000 pesetas al mes, tengo que pagar 56.000 de hipoteca durante 15 años, tengo un hijo autista que necesita gastos de educación especial, médicos y psicólogos. Y encima tengo que aguantar que me digan en los pueblos cercanos que si nosotros nos vamos a cargar el parque natural, que hay que ver lo que estamos haciendo con los patos. Y además a nuestros hijos les dicen en los colegios de la comarca que tenían que cerrar la mina y morirnos todos de hambre».

AGRICULTORES

A unos diez kilómetros de Sanlúcar la Mayor y ocho de Aznalcóllar se encuentra la finca El Vicario, en la zona de El Guijo, en donde trabaja, de momento, Juan Pedro Martínez, de 45 años de edad. «Quédate unos días por tener esto abierto mientras vienen los inspectores, pero vete pensando en buscar otro trabajo», le han dicho. Sus otros seis compañeros están despedidos desde el sábado.Para Juan Pedro Martínez, acostumbrado a años malos y años buenos, lo fundamental no es el pago de las cosechas, comprometido por Boliden: «El problema no es la cosecha, sino la tierra. ¿Qué va a pasar con nuestras tierras?».

Más abajo de los melocotonares de El Vicario, cuyos frutos ya nadie se comerá salvo algún que otro pájaro despistado, pacen las 200 cabras de Diego Leal Salazar, de 27 años, y su hermana Inmaculada, de 19. «Las tengo que tener encerradas porque dicen las autoridades que no pueden comer la yerba ésta. Y mientras los políticos se ponen moraos de langostinos y manzanilla en la Feria de Abril de Sevilla, nosotros aquí

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teniendo que comprar grano y agua para las cabras. Y menos mal que yo tengo techo para ellas».

TODO UN PUEBLO

Hace 20 años el Guadiamar era la playa de Aznalcázar. Llegaban trenes cargados de excursionistas desde Sevilla, abundaban los bares y quioscos alrededor del río, aprendían a nadar generaciones enteras y las parejas se sentaban a la sombra.El sábado a las ocho de la mañana el Guadiamar presentó una tarjeta de visita bien distinta a la de aquellos tiempos: 3.000 hectáreas como 3.000 campos de fútbol llenos de cítricos, girasoles, algodones y olivos fueron arrasadas. Cientos de jornaleros afectados, tierras que aún no se sabe cuándo volverán a cultivarse, un paisaje lunar de día y de noche. Pero ahí no termina la tragedia: existen grandes empresas de fruta que trabajan en las otras 42.000 hectáreas del municipio que no han sido afectadas, pero en la competencia han empezado a decir que sus productos están contaminados.

«Está pasando con la fresa», dice el alcalde socialista José Jurado, «y también con las naranjas. Nos están poniendo obstáculos en el extranjero porque creen que ya llega envenenado. Y eso pone en peligro muchos jornales. Además, esto está perjudicando a un proyecto que teníamos para crear una marca de calidad con el nombre de Productos Doñana».

Lo mismo ha ocurrido en Villafranco del Guadalquivir, a unos treinta Kilómetros de Aznalcázar. La corriente llegó allí al mediodía con poca fuerza y las autoridades del pueblo pudieron taponar bien los cultivos de un arroz largo típico de la zona que puede servirse horas después de cocinado. Muy pocas hectáreas se han visto afectadas, pero las empresas de la zona ya luchan en desigualdad de condiciones respecto a la competencia.

La Junta de Andalucía ha expresado su intención de paliar de momento los daños económicos. Pero hay quien no se fía. «Yo lo que temo es que las administraciones nos dejen solos frente a una empresa como Boliden», señala José Luis Cáceres, agricultor de Aznalcázar para quien el regalo de su 64º cumpleaños fue la destrucción de sus cuatro hectáreas. «Y nosotros con la empresa... es un combate muy desigual. Primero, que nos pague la Administración lo que nos pertenezca, y después, que luchen ellos con la empresa».

LA COMARCA

Pasado el susto del sábado, vino el desconcierto del domingo. Y del lunes, y del martes, y del miércoles. Ni los políticos ni los científicos se ponían de acuerdo sobre la gravedad y el alcance del vertido tóxico. «Esto ha sido como un parte de guerra», decía el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, el socialista Agustín Cuevas. «Llegaban constantemente informaciones, y a veces contradictorias». Pero el jueves todas las autoridades de Sanlúcar de Barrameda y Trebujena se aliaron con la Junta de Andalucía para comer productos de la tierra. Allí estaban, ávidos de focos y cámaras, representantes de los 500 pescadores de la zona, de los 2.000 empresarios, de los cientos de riacheros (pescadores de anguila), para decir que en sus pueblos no pasaba nada. Y que se podía comer tranquilamente langostinos y anguilas.Los consejeros de Salud y Agricultura predicaban con el ejemplo. El acto se celebró en el restaurante Bigote, propiedad de los hermanos Fernando y Paco Bigote. «Aquí han llamado clientes desde Madrid para anularnos mesas porque decían que el agua estaba contaminada. Y les he tenido que explicar que el agua que se bebe en esta zona viene de la sierra. Y que el pescado como la acedía, el langostino, la corba, el lenguado o el calamar se pesca a 12 millas de la costa. Y la gamba y la pijota, a 50. Pero es que, además, la zona infectada está río arriba, a más de treinta kilómetros de la desembocadura», dice Fernando.

En el acto de Sanlúcar de Barrameda, unos decían que el desastre, a pesar de la desinformación reinante, no les había afectado, y otros, precisamente a causa de la desinformación, decían que sí. «Es muy raro que en esta fecha de Feria de Sevilla y de motos de Jerez», señalaba Bigote, «yo tenga mesas vacías a estas horas». «Pues yo estoy vendiendo tanto o más que cualquier día», comentaba a quien lo quisiera oír Manuel Núñez, de 64 años, patrón mayor de la cofradía de pescadores. «Vendí ayer 300.000 pesetas en pescado». En cuanto a plazas de hoteles, el presidente local de los hosteleros, Juan Gordillo, señalaba que llamó uno por uno a los cinco del municipio y no se habían producido bajas a causa del vertido, en contra de lo que se había publicado.

Y EL PARQUE

Las consecuencias del desastre las están pagando mineros, agricultores, pescadores, hosteleros... y el parque de Doñana, uno de los mejores enclaves medioambientales de Europa. La Junta de Andalucía ya ha recogido más de quince toneladas de peces muertos, víctimas de los metales pesados (plomo, azufre, zinc, cadmio, cobre) que infectan las aguas y que amenazan con introducirse en la cadena de alimentación del resto de animales. «Y eso que no recogieron todos los peces», señala un concejal de Villafranco. «Porque yo les pregunté a unos empleados del coto de Doñana que estaban por la zona por qué la gente de la Junta recogía sólo los peces de una parte, y los del coto me dijeron que a partir de otra zona ya era terreno del coto, y los de la Junta no recogían peces allí».En cualquier caso, las cifras de la Junta dan una idea de hasta dónde ha llegado el veneno del vertido: se han recogido 797 huevos de aves, 23 nidos y se han retirado 12 huevos rotos de garza imperial. Nadie se atrevería a predecir qué va a pasar con los linces, los flamencos, las avocetas, los meloncillos, las águilas, los alcornoques...

Mientras la corriente avanzaba desde Aznalcóllar hasta el coto, en Sevilla los carteles luminosos de tráfico aconsejaban lo mismo que todo el año: «Respete el medio ambiente».

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Sobre la firma

Francisco Peregil
Redactor de la sección Internacional. Comenzó en El País en 1989 y ha desempeñado coberturas en países como Venezuela, Haití, Libia, Irak y Afganistán. Ha sido corresponsal en Buenos Aires para Sudamérica y corresponsal para el Magreb. Es autor de las novelas 'Era tan bella', –mención especial del jurado del Premio Nadal en 2000– y 'Manuela'.

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