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Editorial:

Tarde y mal

EL PORTAVOZ del Gobierno declaró el jueves, al término del Consejo de Ministros, que el Ejecutivo «no se lavará las manos en el lodo de Doñana». Como frase, la referencia a Poncio Pilatos no tiene precio en medio de una catástrofe en la que el equipo de Aznar se ha mostrado más eficaz para acusar a la Junta de Andalucía que para buscar soluciones. Una semana después de que un río de lodo tóxico arrasara los campos que flanquean el coto de Doñana parece que al fin se han puesto de lado las diferencias políticas y se ha creado un órgano conjunto para atajar la contaminación.Las primeras decisiones, con la provisionalidad que exige la falta de informes científicos más definitivos, permiten al menos abrigar alguna esperanza. Por un lado, la empresa minera contaminante se ha comprometido a avanzar indemnizaciones a los agricultores afectados sin esperar a futuras decisiones judiciales. El recuerdo de lo sucedido con los afectados por la presa de Tous o por el síndrome de la colza basta para considerar positivamente esta decisión. Aunque es obvio que no acaban ahí las responsabilidades de la empresa Boliden. El organismo administrativo tiene que asumir como propia la defensa de los intereses de los agricultores, porque, más allá de las promesas públicas, es más que probable que surjan diferencias a la hora de valorar cosechas o determinar el efecto económico que tendrá la marea de lodo sobre la explotación futura de esas tierras. El Gobierno y la Junta se han puesto también a la tarea de trasladar el lodo a una mina en desuso. Por desgracia, hay suficientes precedentes en el mundo, alguno originado por esta misma empresa minera, que sirven de base para un trabajo de estas características. Lo importante es asignar los recursos necesarios con la mayor celeridad. Al tratarse de una zona protegida de interés universal, cabe recurrir a fondos europeos.

La cadena de despropósitos ocurrida tras la rotura del embalse ilustra lamentablemente sobre la irresistible tendencia de muchos políticos a defender y acrecentar sus parcelas de poder al tiempo que rechazan cualquier responsabilidad en los momentos de conflicto. La creación del centro de coordinación formado por miembros de la Administración central y la autonómica abre algún portillo a la esperanza, aunque las discrepancias de criterio, los enfrentamientos políticos y la propensión a eternizar los informes técnicos pueden arruinar las buenas intenciones y minimizar su eficacia. La operación de limpieza y recuperación de los terrenos afectados es muy compleja, ardua y cara. Los primeros cálculos indican que costará un mínimo de 23.000 millones de pesetas y puede llegar a los 30.000 millones. Ni el hasta ahora inoperante Ministerio de Medio Ambiente ni la Junta andaluza han explicado cómo se financiará la operación, aunque la pague finalmente Boliden.

La prueba de fuego de que el Gobierno central y el autonómico han conseguido articular una autoridad eficaz para enfrentarse a la grave amenaza que pesa sobre Doñana es la retirada de los lodos tóxicos que ha provocado la riada, que es el paso que los expertos consideran que debe iniciarse inmediatamente. La urgencia de esta tarea se explica porque tales lodos deben ser retirados antes de que comience el periodo de lluvias abundantes en el parque, lo que suele suceder en octubre. Las lluvias extenderían peligrosamente la contaminación circundante. La retirada de los lodos pondrá a prueba no sólo la capacidad del centro para cumplir la tarea en el plazo fijado, sino su eficacia en encontrar el lugar apropiado donde depositarlos y su firmeza para hacer frente a las protestas que provocará su almacenamiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de mayo de 1998