La enseñanza militar incluirá la "pluralidad cultural del Estado"

"El proceso de formación personal y profesional de los militares deberá incorporar expresamente los valores y principios del ordenamiento constitucional, contemplando la pluralidad cultural del Estado". Así lo afirma el dictamen de la ponencia sobre profesionalización de las Fuerzas Armadas, que será debatido por la Comisión Mixta Congreso Senado el próximo 11 de mayo. La frase, que no figuraba en el texto inicial del Partido Popular, ha sido incluida a propuesta de Convergència i Unió (CiU).

El dictamen sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas, que deberán aprobar los plenos de las dos cámaras antes del verano, quedó listo para su debate en comisión el pasado 29 de abril. El presidente de la ponencia, Alejandro Muñoz-Alonso, ha elevado al presidente del Congreso, Federico Trillo, el texto definitivo, que ha sido consensuado entre el PP y CiU y cuenta también con el apoyo de Coalición Canaria, a los que podría sumarse el PNV.El Grupo Vasco ha condicionado su respaldo al proyecto del Gobierno a que se supriman de inmediato las obligaciones que la actual ley del Servicio Militar impone a los ayuntamientos en relación con el alistamiento de los mozos. El incumplimiento de este deber ha llevado a la apertura de procedimientos penales contra numerosos consistorios vascos y navarros e incluso a la inhabilitación de varios alcaldes.

Más difícil es el acuerdo con el PSOE, que exige un anticipo del final de la mili, previsto para el 31 de diciembre del 2003 como máximo. El último año se cubrirá con los remanentes de contingentes anteriores de forma que, según el texto, "todos los nacidos con posterioridad al 1 de enero de 1983 no serán llamados a cumplir el servicio militar obligatorio".

Las principales novedades del dictamen final de la ponencia, en relación con la propuesta que presentó el PP en diciembre pasado, son las siguientes:

-Se fijan en 170.000 los efectivos máximos de las Fuerzas Armadas profesionales, sin determinar la cifra mínima, que antes se situaba en 160.000.

-Se renuncia a determinar la cuantía de los presupuestos de Defensa, que el texto del PP cifraba en 1,25 billones de pesetas o el 1,4% del Producto Interior Bruto (PIB). El texto final sólo dice que habrá que aplicar "la financiación precisa para asegurar los procesos de profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas, que se debe concretar en un incremento progresivo de los Presupuestos de Defensa hasta alcanzar en el periodo de cinco años los objetivos de dicho modelo".

-Haber prestado servicio en las Fuerzas Armadas no será, como propuso el PP, "requisito indispensable" para ingresar en los Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas y locales. Sólo se tendrá en cuenta, según el documento, "como mérito en los sistemas de selección del personal, funcionario o laboral, al servicio de las Administraciones Públicas".

-El texto define a los militares "como ciudadanos de uniforme" y, salvando la "necesaria disciplina", pide que se "faciliten cauces para la presentación de propuestas, peticiones y reclamaciones".

-El documento reclama "una mayor participación de las Cortes Generales en el impulso y control de la Política de Seguridad y Defensa, especialmente en el ciclo de planeamiento y en la definición de los programas de armamento".

-Desaparece la referencia inicial a que el incumplimiento de las leyes del Servicio Militar y la Objeción de Conciencia podría convertirse en "una vía de escape de las obligaciones ciudadanas" durante el periodo de transición. Por el contrario, advierte sobre la necesidad de revisar las normas de exclusión por causas médicas y familiares para que los excedentes de cupo durante los próximos años se establezcan por criterios más objetivos que un sorteo.