El Estado cederá hasta un 17,5% del IRPF a las comunidades para asumir el coste de la reforma

La tarifa del impuesto sobre la renta que entrará en vigor el año que viene modifica el actual porcentaje de participación de las comunidades autónomas. El 15% fijo ahora vigente se eleva a porcentajes que varían según el nivel de renta, hasta un máximo del 17,5% para el tramo más alto. Esta modificación, hasta ahora inadvertida, responde al pacto del Gobierno con CiU para que el coste de la reforma -hasta 600.000 millones de pesetas- recaiga sólo en el Estado. De mantenerse el 15% actual, las comunidades tendrían una merma de ingresos de 60.000 millones.

La nueva distribución de la tarifa del IRPF tiene causas políticas, efectos económicos y, seguramente, legislativos. El pacto de legislatura que suscribieron CiU y el PP en 1996 para que José María Aznar pudiera formar Gobierno estableció la cesión del 30% del IRPF a las comunidades autónomas. El sistema de financiación autonómica (1997- 2001) acordado después limitó la cesión al 15% hasta que todas las comunidades tuvieran competencias plenas en educación.El sistema funciona ahora de forma que la tarifa del IRPF se reparte en un 85% para el Estado y un 15% para las comunidades que aceptaron el sistema (todas menos las gobernadas por el PSOE: Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura). Las deducciones se distribuyen en los mismos porcentajes y el resultado es que la recaudación por el IRPF se divide así entre las Administraciones.

La reforma del IRPF que acaba de aprobar el Gobierno supondrá un descenso en la recaudación hasta de 600.000 millones -375.000 millones si la economía crece medio punto más- y, por tanto, un pastel menor a repartir. Por ello, el presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, condicionó el respaldo de CiU al nuevo impuesto a que no se recortase la financiación autonómica.

Para ello, el Gobierno ha tenido que aumentar ese 15% de participación de las comunidades en el nuevo IRPF con el objetivo de que todo el coste de la reforma sea para el Estado. La consecuencia es que, con los mismos gastos, la Administración central tendrá menos recursos.

Las tripas de la tarifa también cambian. En la situación vigente en 1997 y 1998 el 15% de participación de las comunidades es lineal para todos los tramos de renta. Sin embargo, en el proyecto enviado por el Gobierno al Parlamento, los porcentajes oscilan entre el 15,38% y el 17,50% (veáse cuadro primero).

Según cálculos de Consultores de las Administraciones Públicas, si se mantuviera el 15% inicial las comunidades sufrirían un descenso de ingresos de 60.000 millones de pesetas a consecuencia de la reforma. Según cifras relativas a 1997 de la Agencia Tributaria, a las comunidades que aplican el sistema les corresponde una participación de 688.000 millones.

Pero el cambio en el actual sistema de financiación autonómica no queda ahí. Las comunidades que lo aplican han conseguido del Gobierno asegurarse, además, cierto nivel de ingresos en el caso de que la recaudación por IRPF baje, lo que es seguro con la reforma prevista.

En el sistema vigente se garantiza que si el producto interior bruto (PIB) nominal (crecimiento económico más inflación) crece menos que la recaudación del IRPF estatal, cada comunidad aumenta su financiación por esta vía lo que el PIB nominal como mínimo. Si el aumento del IRPF es inferior -cosa que sucedió en 1997 y se prevé en 1998 y 1999- se les garantiza como mínimo el crecimiento del 90% del IRPF estatal.

Divergencias en Hacienda

Todo esto cambia ahora por acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. A las comunidades se les garantiza en cualquier caso un crecimiento igual al PIB nominal; es decir, un colchón más beneficioso, al menos en los próximos años. La denominada corresponsabilidad fiscal, el riesgo que corren las comunidades si baja la recaudación por IRPF en su territorio -la esencia del sistema-, queda así claramente descafeinada.A un año y medio de funcionamiento del modelo, el Gobierno lo modifica así hasta el punto que dentro del Ministerio de Hacienda hay divergencias sobre si todo ello debería llevar a modificar las leyes -cesión de tributos, financiación autonómica- que al respecto se aprobaron en 1997. Desde este punto de vista, el marco de la ley del impuesto sobre la renta sería insuficiente.

Las leyes de financiación autonómica permiten una cesión de hasta el 30%, con lo que el aumento que fija el nuevo IRPF quedaría incluido. Sin embargo, elevar el 15% actual está condicionado a las transferencias totales en Educación.