Libertad bajo fianza para Muñoz Machado, Durán y otros dos imputados del "caso Tele 5"

El juez Baltasar Garzón decretó ayer la libertad del ex director general de la ONCE y ex presidente de Tele 5, Miguel Durán, y del vicepresidente de dicha cadena, Santiago Muñoz Machado, bajo fianza de 100 y 150 millones de pesetas, respectivamente, además de la obligación de presentarse una vez al mes en un juzgado. Asimismo dictó la libertad, bajo fianza de 75 millones cada uno, para Rafael Álvarez Buiza y Ángel Medrano, accionistas de la sociedad Promociones Calle Mayor, una de las que el juez considera que han sido utilizadas para actos fraudulentos cometidos en los primeros años de Tele 5. Todos ellos recurrirán las fianzas, pero habrán de depositarlas antes de siete días para eludir la cárcel.

El auto judicial describe un conjunto de operaciones por las que los imputados habrían obtenido fondos de las sociedades que administraban, supuestamente desviados a patrimonios personales, por valor total de 3.849 millones de pesetas. A Miguel Durán le atribuye 825 millones, más lo que resulte de evaluar 80 parcelas en Badajoz de las que sería titular; y a Santiago Muñoz Machado, 1.353,8 millones. Éste último, junto con Ángel Medrano y Rafael Álvarez Buiza-Diego, habrían obtenido, presuntamente, 976 millones más de otra operación. A Medrano y Álvarez les atribuye otros 695 millones. Una de las operaciones se origina por un contrato de 16 de noviembre de 1992, por el cual Tele 5 aceptó retribuir a varios de sus directivos mediante la entrega de 500.000 acciones de la cadena, que fueron vendidas a Octubre de Comunicación, SA, supuestamente vinculada a aquellos directivos. El precio de la compraventa se fijó en 1.600 millones y a ello se añadieron otros 1.776 millones por «atención a otras cargas y costes accesorios». Todas esas cantidades se financiaron «mediante reconocimiento de préstamo» concedido por la propia Tele 5 a dichos directivos.

Por la mayor parte de estas cantidades los imputados no han tributado en los ejercicios respectivos, o lo han hecho «compensando los ingresos con gastos ficticios», según el auto.

Otra de las operaciones consiste en la venta del 25% de las acciones de la cadena televisiva, que en 1990 estaban en poder de la Once, a Telefuturo, controlada en aquel tiempo por Javier de la Rosa. El precio fue de 6.000 millones de pesetas, de los cuales le fueron devueltos 2.250 millones «instrumentándose una serie de negocios ficticios de cesión de derechos de publicidad y posterior rescate». Con todo ello «se consigue eludir a través de Gestevisión Telecinco, Publiespaña y Telefuturo una defraudación tributaria de unos 1.955 millones de pesetas», según el juez.

Otra de las operaciones estudiadas es el impacto tributario de la venta por Promociones Calle Mayor del 8% de las acciones de Tele 5 a Deinde, una sociedad del Grupo Kirch, «pendiente de constatación definitiva su relación con Fininvest (el grupo de Berlusconi) a través de Suiza». En ese hecho, que data de 1992, el auto sostiene que se ha producido una base imponible no declarada de 3.023 millones, que dará lugar a una cuota defraudada por Medrano y Álvarez Buiza de 846 millones cada uno.

Las defensas de los imputados aportaron informes elaborados por los bufetes de Díaz- Arias y Cortés Martínez, de los cuales el auto judicial dice que no varían nada de los hechos que contiene la resolución.

El fiscal había pedido prisión incondicional, pero el juez no lo ha concedido porque «no se observa que los imputados, en su situación procesal actual, vayan a intentar sustraerse a la acción de la justicia si permanecen en libertad». Miguel Durán declaró que la fianza impuesta le parece «ponderada» y va a buscar ese dinero para que no le lleven a un sitio que no es su domicilio.