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Críticas a los servicios de epidemiología por no haberse enterado del brote de hepatitis

Se desconoce quién anestesió a 383 pacientes enviados a un centro privado

Sindicatos, consumidores, partidos de la oposición y asociaciones en defensa de la sanidad pública denunciaron ayer el fallo de los servicios de vigilancia epidemiológica de la Consejería de Sanidad valenciana, que no tuvo noticia del brote de hepatitis C por sus propios medios. Pero el supuesto fallo puede que no sea el único. Hay 383 potenciales infectados que fueron operados en su día en la clínica privada Casa de Salud y de los que se desconoce quién los anestesió. El brote de hepatitis afecta al menos a 217 personas, la mayoría de ellas anestesiadas por el mismo médico.

Sanidad se ha ofrecido a analizar la sangre de 1.350 mujeres intervenidas en el hospital público La Fe en los últimos tres años y de los otros 383 posibles afectados en la Casa de Salud, operados en este centro privado al ser desviados de la sanidad pública dentro del plan de choque contra las listas de espera. Una medida que el brote de hepatitis está desvelando como carente de los mismos controles que se aplican en la sanidad pública. En los historiales médicos de esos 383 pacientes operados consta como anestesista «R. M.». Este facultativo es uno de los expedientados por Sanidad por haber ocultado la existencia del brote de hepatitis y, según las insinuaciones vertidas desde la consejería, podría figurar como anestesista en partes quirúrgicos en los que intervino Juan Maeso, el anestesista infectado de hepatitis C, presunto origen de la mayor parte de los contagios y apartado de la medicina por su supuesta adicción a los opiáceos.

Según Sanidad, la clínica asegura que los pacientes del plan de choque presuntamente operados por Juan Maeso (o por R. M.) son los sometidos a intervenciones de cirugía cardiovascular o cirugía abdominal laparoscópica. Un portavoz de la clínica explicó ayer que la plantilla de médicos de la clínica es de 40 personas, aunque sus quirófanos «son utilizados por más de 300 facultativos ajenos a la casa». La Administración se limita a afirmar que la clínica «cumple todos los requisitos».

En cualquier caso, las pruebas virológicas que aportarán datos fiables sobre el brote y la paternidad del mismo se van a hacer esperar. La Consejería de Sanidad que dirige Joaquín Farnós (del PP) afirma que los resultados no se conocerán hasta dentro de tres meses.

Mientras, Sanidad sigue cargando las tintas contra los médicos. Hasta el momento han comparecido 54 (siete han sido expedientados y dos, suspendidos de sus funciones) y ya se ha citado a declarar a otros 109. De momento, el cruce de datos se ciñe al periodo 1995-1998, aunque parece que la mayor incidencia de la enfermedad se detecta entre mayo de 1996 y marzo de este año.

En cualquier caso, se van a investigar poco a poco los casos aislados anteriores a esas fechas. Sanidad dice ahora que desde que se conoce la existencia de la hepatitis C, hay un 40% de los casos cuyo origen se deconoce.

El director general de Salud Pública, Francisco Bueno, explicó ayer las actuaciones de la consejería desde las primeras denuncias recibidas el pasado mes de marzo. Todas las asociaciones integrantes del Consejo de Salud a quienes les detalló las mismas echaron de menos una explicación sobre el retraso en la detección del brote.

Fuentes conocedoras de los sistemas de control epidemiológico señalan que los actuales gestores del PP han «desmantelado» algunos de los mecanismos de vigilancia existentes. En concreto, señalan que el equipo de Farnós ha dejado de utilizar el Conjunto Mínimo Básico de Datos que en los hospitales era el encargado de recoger toda la información.

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