Los trabajadores de UNL denuncian al inicio de sus declaraciones la "lentitud" del proceso del "Proof Spirit"

La investigación judicial de la mayor tragedia laboral acaecida en España en los últimos 13 años, la muerte de 18 trabajadores tras la deflagración registrada en el Proof Spirit, un barco construido en los astilleros de Unión Naval de Levante (UNL) de Valencia, se desarrolla con una preocupante "lentitud". Esa es, al menos, la opinión de Antonio Saez, el presidente del comité de empresa de UNL, que ayer arropó a los cinco trabajadores de la compañía que abrieron el turno de declaraciones ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, encargado de la instrucción de un caso de gran complejidad. De hecho, la presentación de los informes periciales sobre la tragedia, que tuvo lugar el pasado 3 de julio, concluyó el jueves, y ahora, el magistrado ha solicitado la comparecencia de casi 30 empleados de UNL y las subcontratas implicadas en la construcción del carguero. Así, la tradicional lentitud de la justicia se ve agravada por las diligencias que requiere un caso de esta magnitud y por la extraordinaria carga de trabajo que soportan los encargados de su gestión: el juez y el fiscal son, además, los encargados de depurar las posibles derivadas del brote de hepatitis C detectado en Valencia. El acusador público, por si fuera poco, está encargado de algunos asuntos de otros tres juzgados. Los cinco operarios que ayer comparecieron ante el juez en calidad de testigos contestaron varias preguntas de carácter general sobre los trabajos que desarrollaban en el buque y otras más específicas acerca de las condiciones en las que desempeñaban su faena, y más concretamente, sobre si detectaron en algún momento situaciones de potencial peligro en el desempeño de sus obligaciones laborales. El comité de empresa de la compañía ya denunció en su día la falta de medidas de seguridad. Fuentes judiciales aseguraron que la investigación -tras las conclusiones de los informes técnicos- se centra en constatar las causas de las deficiencias que pudieron existir en el suministro de gasóleo. Éstas, según las conclusiones de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, pudieron causar la deflagración que acabó con la vida de 18 personas. El juez decidirá con el fin de las comparecencias, previsto para finales de mayo, si amplía las declaraciones citando a algún implicado, ya en calidad de imputado.