Tarragona desoye el criterio de la Generalitat y autoriza guardar materias tóxicas

El Ayuntamiento de Tarragona ha concedido a la empresa Terminales Químicos, SA (Terquimsa), una licencia para almacenar en un muelle del puerto 40.000 metros cúbicos de productos inflamables y peligrosos pese a tener el informe técnico desfavorable de los servicios jurídicos municipales, el voto negativo de los departamentos de Gobernación y Sanidad de la Generalitat y una sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El jefe de seguridad de Terquimsa es el actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tarragona, el convergente Agustí Mallol. El año pasado, la empresa química donó al consistorio 18,5 millones de pesetas a fondo perdido para subvencionar espectáculos y actividades deportivas. La licencia, aprobada el pasado 24 de febrero, se concede para que Terquimsa pueda trasladar todos sus productos tóxicos de sus actuales instalaciones, ubicadas a 600 metros de Tarragona, hasta los nuevos depósitos, situados a una distancia de 1.500 metros, en el muelle de inflamables de la Autoridad Portuaria. Una normativa exige que la distancia mínima sea de 2.000 metros respecto al núcleo de población más cercano. El permiso concedido a la empresa también incluye la construcción de ocho tanques, con una capacidad total de almacenamiento de 40.000 metros cúbicos. Terquimsa construyó seis de estos depósitos antes de recibir la correspondiente licencia, motivo por el cual el consistorio ordenó parar las obras. Sin embargo, lo más curioso del permiso municipal es que Terquimsa no tiene almacenado en sus antiguas instalaciones ningún producto peligroso de la directiva Seveso 2, según consta en una respuesta parlamentaria del consejero de Industria de la Generalitat, Antoni Subirà, en el Diari Oficial del Parlament de fecha 4 de noviembre de 1997. El consistorio niega este extremo y un portavoz señaló ayer que la licencia se ha concedido para alejar los depósitos de materiales peligrosos de los barrios más cercanos de la ciudad. El permiso que ha otorgado el Ayuntamiento a Terquimsa cuenta con el aval de la Comisión de Actividades Clasificadas del Departamento de Medio Ambiente. Sin embargo, el acta de la reunión refleja que los representantes de Gobernación y de Sanidad emitieron sendos votos particulares en contra. En concreto, el de Gobernación exigió que la empresa química presentara una serie de documentos a la Dirección General de Protección Civil sobre la respuesta de los equipos de emergencia ante un posible accidente químico y los medios de seguridad de los que disponía. Por su parte, el miembro del Departamento de Sanidad condicionó su voto al hecho de que Terquimsa no incrementase las cantidades de almacenamiento de productos peligrosos en sus nuevas instalaciones. A pesar de estas advertencias, en la licencia del Ayuntamiento se permite a Terquimsa "la ampliación con dos nuevos cubetos [agrupación de tanques], con una capacidad total de 40.000 metros cúbicos, donde se desarrollará la actividad general de recepción, almacenamiento y reexpedición de productos químicos e inflamables". En 1993, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al que apeló Terquimsa cuando le fue denegada otra licencia de actividad, indicaba que la empresa química, aunque sólo almacena productos, no tiene la calificación de "actividad fabril" y que le afectan, por tanto, las distancias que marca la ley respecto al núcleo urbano más cercano. Contra la sentencia se ha apelado en el Tribunal Supremo. El Ayuntamiento de Tarragona, al igual que la Comisión de Actividades Clasificadas, ha concedido la licencia en aplicación de una excepcionalidad que recoge el RAM, al entender que Terquimsa cuenta con las medidas de seguridad oportunas. Iniciativa per Catalunya (IC) ha presentado diversas preguntas parlamentarias para que los departamentos de Industria y Medio Ambiente informen sobre estas presuntas irregularidades.