Abogados de Chile denuncian presiones contra el proceso a Pinochet
Los abogados chilenos que el pasado mes de enero se querellaron contra el ex general Augusto Pinochet denunciaron ayer en Barcelona que se están produciendo presiones de todo tipo a la justicia de aquel país para que no prospere el proceso penal contra el ex dictador. Eduardo Contreras Mella, el letrado que encabeza la acusación contra Pinochet en representación del Partido Comunista de Chile, explicó que un relevante fiscal militar que nada tiene que ver con la causa visita diariamente al magistrado que la tramita, Juan Guzmán Tapia, quien ha mostrado desde el primer día su interés por investigar los delitos de genocidio y secuestro, entre otros, de los que se acusa a Pinochet. Según este letrado, a medida que avance la instrucción será el propio Gobierno y la cúpula militar quienes presionen a la justicia para que el pleno de la Corte de Apelación de Santiago de Chile mantenga la inmunidad de la que goza el ex dictador por ser senador vitalicio.
La decisión judicial sobre si Pinochet debe perder o no ese fuero está prevista, como muy pronto, para el próximo mes de agosto, según la acusación. Si la justicia chilena se pronunciase a favor, Pinochet sería detenido y encarcelado de forma inmediata. En caso contrario, la causa contra él quedaría archivada, aunque podría seguir tramitándose contra otros acusados de la sangrienta represión, como el ex jefe de la DINA Manuel Contreras o el coronel Pedro Espinoza.
Tribunal dividido
El abogado Eduardo Contreras, que se encuentra de visita en Barcelona invitado por el Centro Salvador Allende, explicó que «en estos momentos puede decirse que el tribunal que ha de tomar la decisión está dividido en mitades casi iguales a favor y en contra de Pinochet», aunque se mostró optimista sobre una resolución favorable a la acusación. «Cuando presentamos la querella contra Pinochet parecía impensable que prosperase y todo el mundo pensaba que se iba a archivar en cuestión de horas. Sin embargo, siguió adelante y ahí estamos, porque afortunadamente ha ido entrando un cierto aire fresco por la ventana de los tribunales de Chile». En este sentido, recordó que durante la tramitación de la causa han declarado ya oficiales de alta graduación que han acusado a Pinochet de los hechos que se conocen como «la caravana de la muerte», cuando en octubre de 1973 decenas de ciudadanos fueron fusilados en ciudades del norte de Chile.
Eduardo Contreras agradeció a la justicia española que antes de que se iniciase este proceso abriese aquí una causa para investigar la desaparición y tortura de españoles durante la dictadura chilena y recordó que la postura del presidente de aquel país, Eduardo Frei, negando legitimidad a esta iniciativa ilustra la postura de su Gobierno de no exigir responsabilidades ni políticas ni judiciales a Pinochet.
