El cierre de cinco explotaciones abre la regulación de la minería valenciana

El Ayuntamiento de Andilla ha abierto el proceso de regulación de la minería valenciana con su decisión de clausurar cinco explotaciones mineras de la localidad que operaban sin las preceptivas licencias de apertura y actividad. Esta medida ha forzado la regulación de un sector, concentrado casi totalmente en la comarca de Los Serranos, que emplea a 1.000 personas, factura cerca de 40.000 millones de pesetas al año y suministra a las azulejeras de Castellón gran parte de la materia prima que utilizan en su proceso productivo.

La minería valenciana, un sector de relativo peso en la economía regional pero de larga tradición en Los Serranos, una zona del interior de Valencia, ha crecido de forma paralela al auge experimentado por la industria cerámica de Castellón hasta emplear, de forma directa o indirecta, a un millar de personas, utilizar 400 camiones diarios, facturar cerca de 40.000 millones de pesetas al año y extraer 15.000 toneladas de arcilla al día, unas cifras de enorme peso en una de las comarcas menos pobladas de la Comunidad Valenciana. No obstante, la consolidada estructura de este sector no ha ido paralela a su regulación: varias de las cerca de 40 explotaciones de la zona -concentradas, principalmente, en ocho municipios: Villar del Arzobispo, Higueruelas, Chelva, Domeño, Andilla, Titaguas, Losa del Obispo y Alpuente -, no ejecutan ninguno de los proyectos de restauración a los que están obligados y sus pagos a las haciendas de los municipios en los que están instalados son, en muchos casos, irrisorios. Éstas son las razones por las que el Ayuntamiento de Andilla, con los votos favorables de sus siete concejales, ha decidido decretar el cierre de las cinco minas de la localidad, dedicadas, como las del resto de la comarca, a la extracción de arcilla, sílice y caolín. La decisión, criticada con dureza por la patronal del sector, la Asociación de Empresarios de Mineros de Sílices y Caolines, ha sido complementada por las reuniones de varios alcaldes de la comarca, que pretenden crear un grupo de trabajo que siente las bases de una reordenación para, posteriormente, acordar con los empresarios de la zona la regulación de un sector vital en la economía de la comarca pero de funcionamiento "irregular en muchos casos", según Daniel Domingo, alcalde de Andilla. "No es normal que las minas de la localidad paguen menos impuestos al Ayuntamiento que un pastor con 20 ovejas. No es lógico que las compañías no acometan ninguno de los proyectos de restauración paisajística a los que están obligados por ley", añade Domingo, que tan sólo pretende "que los empresarios se ajusten, como todo el mundo, al marco legal vigente". Los empresarios tienen una perspectiva diferente del asunto. Para Miguel Silvestre, secretario de la patronal del sector, "el Ayuntamiento de Andilla ha puesto en grave peligro a un sector vital en la economía valenciana. La minería de Los Serranos es básica para el funcionamiento de la industria azulejera de Castellón, y estas actitudes, injustificadas e irresponsables, van en contra de 1.000 trabajadores y de una industria pujante y respetuosa con la ley". Mientras los propietarios de las minas guardan un prudente silencio y los municipios de la comarca se agrupan, el PSPV trasladará a las Cortes Valencianas una propuesta de creación de una comisión, a integrar por representantes de las consejerías de Empleo, Industria y Comercio y Medio Ambiente, las autoridades locales y la patronal del sector para, entre otras cosas, pactar un calendario de legalizaciones y realizar un inventario de las empresas existentes. El objetivo final de la iniciativa no es otro que el compatibilizar esta actividad económica con el respeto al medio ambiente. El alcalde de un municipio cuya economía depende en un 50% de la minería, Villar del Arzobispo, comparte estos objetivos. "Eso sí", dice Luis Aparicio, del PP, "vamos a trabajar con la industria, en ningún caso contra ella".