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EL "CASO GAL"

Los sindicatos policiales juzgan una "temeridad" que Moncloa facilite los nombres de los escoltas

"Una temeridad". "Un error gravísimo". "Una frivolidad". Éstos son algunos de los calificativos que les merece a los principales sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía el hecho de que desde la propia Presidencia del Gobierno se facilitaran ayer a la prensa unos documentos en los que figuran las identidades, los domicilios y los DNI de los tres escoltas que acompañaron al vicepresidente Francisco Álvarez Cascos a Santander en mayo del año pasado. "Con la difusión de esos datos se pone en riesgo la vida de los policías y sus familias si caen en manos de ETA", según un dirigente sindical.

"Creemos que la difusión del nombre y los dos apellidos de tres escoltas supone una clara violación del secreto profesional que obliga a todo cargo público", asegura Federico Ferrer, portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP). Éste, tras sugerir que los servicios jurídicos de su organización estudiarán el asunto, aseguró que si tales datos cayeran en manos de ETA u otra banda terrorista se "pondría en riesgo la vida de los policías y de sus familias". "Es un error gravísimo del Gobierno", denunció José Manuel Sánchez Fornet, dirigente nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que, sin embargo, acepta que no le corresponde a él la exigencia de responsabilidades políticas.

"Lo que esperamos ahora es que los servicios correspondientes del Palacio de la Moncloa se pongan inmediatamente a disposición de los tres compañeros por si éstos consideran que tienen que cambiarse de domicilio o adoptar otras medidas de protección", agregó Sánchez Fornet. Francisco Santaella, responsable del Sindicato Profesional de Policía Uniformada, "no se puede ser tan frívolo con estos asuntos" como lo ha sido el Gobierno en esta ocasión. Lamentó que, mientras se muestra tan escrupuloso y cuidadoso con la seguridad de los concejales del PP, no ocurra lo mismo con unos simples policías de base.

"No se puede jugar con estos compañeros y sus familias", declaró Santaella. "Sólo el hecho de que puedan llegar a difundirse los nombres y los DNI de los escoltas puede facilitar la labor de los terroristas. ¡Es lo que nos faltaba! ¿Necesitan encima que se les den facilidades?", agregó.

Los sindicatos no tienen una postura unánime sobre la posibilidad de entablar acciones legales. Pero, en cambio, todos coinciden en que la difusión de estos datos personales lleva consigo "una falta de ética" impropia del Gobierno. Consideran que no era necesario facilitar a la prensa estos documentos para defender al vicepresidente Álvarez Cascos.

Las organizaciones representativas de los funcionarios ya han anunciado su intención de pedir explicaciones y expresar su malestar en la próxima reunión del Consejo de Policía.

Ayer por la tarde, desde el departamento que dirige el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, se telefoneó a los diversos medios de información para rogar que no difundieran las identidades ni los DNI de los tres escoltas.

El secretario de Organización del PSOE, Cipriá Ciscar, aseguró que la divulgación de tales datos, que "ponen en riesgo la seguridad de las personas, no denota nada más que el talante y la calaña del señor Rodríguez y de quien le haya dado esas órdenes".

Willy Meyer, diputado de IU, después de calificar el hecho de "tremenda irresponsabilidad", anunció que el lunes pedirá en el Congreso la apertura de una investigación y la destitución de quien divulgó los datos de los agentes del CNP,

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