Elkarkidetza duplica sus socios con la entrada de 7.000 empleados públicos

Elkarkidetza, la entidad de previsión social voluntaria de las administraciones locales y forales vascas, ha duplicado en los primeros meses de este año su número de socios cotizantes. Un total de 7.000 empleados públicos se han apuntado al fondo de pensiones complementario que ha ofertado la entrada a 12.000 trabajadores de ayuntamientos y diputaciones con al menos 6 meses de antigüedad laboral. Miguel Ángel Ariño, presidente de Elkarkidetza, presentó ayer a la Asamblea y Comisión de Control en Vitoria los resultados del ejercicio de 1997, que ha terminado con unos beneficios de 3.356 millones de pesetas. La entidad cuenta con un patrimonio superior a los 37.000 millones, un 17,8% más que en 1996, y ha aumentado un 2% las prestaciones abonadas a sus beneficiarios, que reciben una pensión media de 450.000 pesetas anuales. Elkarkidetza pactó el pasado año con los sindicatos la entrada de los nuevos socios, que extiende el sistema complementario "a todos los empleados de la Administración local y foral", aseguró Ariño. Con las nuevas incorporaciones, el número de socios de Elkarkidetza supera actualmente las 17.000 personas, de las que cotizan 14.000. La campaña de adhesión a su fondo de pensiones cumple uno de los objetivos de Elkarkidetza, que se propuso en 1986 dar cobertura a todos los empleados del sector público vasco. "Se ha dado un paso de gigante en este sentido", destacó el presidente de la entidad de previsión social voluntaria. La mayoría de los nuevos socios del fondo cuentan con contrato laboral y no son funcionarios. A diferencia de los antiguos socios, además, los nuevos empleados adscritos a Elkarkidetza cofinanciarán al 50% su fondo de pensiones junto a la Administración. Según explicó el presidente, este año trabajadores y Administración aportarán respectivamente el 0,5% de su salario, un porcentaje que alcanzará el 1% el próximo año. Ariño destacó la marcha "firme" en 1997, un año en el que las aportaciones públicas a la entidad llegaron a los juzgados. A petición del Tribunal Superior de Justicia del País vasco, el Tribunal Constitucional está estudiando la legalidad de las inyecciones monetarias que las diputaciones y ayuntamientos dan a este fondo de pensiones. Los responsables se mostraron ayer convencidos de que el máximo intérprete de la Constitución avalará las contribuciones públicas pues, según señalaron, "la ley establece que las administraciones públicas pueden realizar aportaciones a los fondos de pensiones".