Gato sobre ascua

En vísperas de la comparecencia parlamentaria del vicepresidente Cascos para aclarar su indecente noviazgo -celestineado por el director de El Mundo- con el expolicía Amedo, el ministro Serra acudió ayer a la Comisión de Defensa del Congreso para tratar de disculpar una conducta legalmente injustificable: las escuchas realizadas en la sede de Vitoria de Herri Batasuna (HB) por agentes del Centro Superior de Investigación de la Defensa (Cesid). Eduardo Serra pasó como gato sobre ascuas sobre la actuación de los servicios de inteligencia, situada claramente en el ámbito de la ilicitud; la redacción del artículo 18.3 de la Constitución ("se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas salvo resolución judicial") y la tipificación penal de las escuchas no autorizadas dejan escaso margen para las dudas: los responsables de ese delito deberán ser sancionados en sede judicial y castigados con medidas disciplinarias dentro del Cesid. Pero los portavoces del PNV y de IU en la Comisión del Congreso no se conformaron ayer con pedir el máximo rigor en las investigaciones judiciales orientadas a depurar las responsabilidades penales de las escuchas alavesas del Cesid sino que también exigieron el cese o la dimisión de Serra para saldar las responsabilidades políticas en el asunto. En días anteriores, tanto Anasagasti como Anguita habían aplicado al caso una máxima formulada en 1839 por Thomas De Quincey en Del asesinato considerado como una de las bellas artes: "Una vez que empieza uno a deslizarse cuesta abajo ya no se sabe dónde podrá detenerse". Pero el diputado del PNV y el coordinador general de IU invierten el sentido de la secuencia que el escritor inglés fumador de opio trazó de manera tan brillante: si uno empieza por permitirse un asesinato, pronto no le da importancia a robar, pasa luego a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, para finalmente comportarse de forma ineducada y dejar las cosas para el día siguiente. Al igual que aquellos tremebundos curas tridentinos para quienes el vicio solitario en la adolescencia lleva irremisiblemente a la depravación en la madurez, Anasagasti y Anguita parecen creer fatalistamente que las escuchas ilegales del Cesid han sido el primer eslabón de una cadena causal que desembocará necesariamente en el crimen.

Sin restar gravedad -como hizo ayer el ministro Serra en su apurada faena de aliño- a la evidente ilegalidad de las escuchas de Vitoria, resultaría excesivo afirmar, sin embargo, que esas intervenciones son equivalente -y llevan inevitablemente- a otras vulneraciones del ordenamiento jurídico tales como la apropiación de los fondos reservados por sus administradores, las torturas a los detenidos por la policía y los asesinatos de miembros de ETA por los mercenarios de la guerra sucia. La diferencia no es sólo moral sino también jurídica: mientras el artículo 18 de la Constitución autoriza las escuchas con autorización judicial, el artículo 15 garantiza el derecho a la vida y a la integridad física con o sin autorización judicial. La comparecencia del ministro de Defensa no ha aclarado cómo consiguió HB descubrir las escuchas de su sede de Vitoria ni la forma en que llegaron al diario Egin y a otros periódicos los detalles de una investigación judicial protegida por el secreto sumarial. ¿Forma parte este episodio del chantaje al Estado realizado en 1995 por Conde (ya condenado a cuatro años y medio por sentencia firme y con una petición fiscal de 35 años en su segundo juicio de la Audiencia Nacional) mediante la publicación en el diario El Mundo de los documentos robados al Cesid por el coronel Perote (también condenado en firme a 7 años de cárcel)? ¿Se trata de una operación político-mediática del vicepresidente Cascos, en colaboración con el director general de la Guardia Civil, contra los ministros Serra y Mayor Oreja, para apoderarse del Cesid? ¿Fue descubierto el pastel por unos empleados de Telefónica simpatizantes con HB o esa hipótesis es sólo un macguffin al estilo de Alfred Hitchcock a fin de desviar la atención de los espectadores?: si se adoptase la arrogante unidad de medida creada por Juan Villalonga para calcular los costes de su empresa, no serían necesarios demasiados días, horas, minutos o segundos de cash flow de Telefónica para descubrir la verdad. En cualquier caso, al presidente Aznar -tan cruelmente exigente con Felipe González hace tres años en una ocasión semejante- le corresponde ahora la grave responsabilidad política de reorganizar el Cesid y de explicar al Parlamento las causas de que los servicios de inteligencia hayan quedado medio desmantelados en el País Vasco durante su mandato.