La justicia argelina investiga 128 casos de abusos de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares

El escándalo que ha estallado en Argelia en los últimos días -provocado por las acusaciones vertidas contra las fuerzas paramilitares armadas por el régimen para combatir al terrorismo y acusadas de aplicar la justicia por su cuenta- ha cobrado una nueva dimensión con las revelaciones publicadas ayer del diario El Watan, que, citando fuentes de la Administración de justicia; da cuenta de que la fiscalía está tramitando 128 denuncias presentadas por civiles contra policías y miembros de los llamados grupos de autodefensa por abusos, violaciones, torturas y asesinatos. Hace unos días, el diario Liberté, conocido por sus posiciones de apoyo a toda medida militar y policial susceptible de combatir el terrorismo en el país, daba cuenta de la detención de una quincena de miembros de los grupos paramilitares, entre ellos los alcaldes de Relizán y de Yiuia, dos localidades del oeste argelino sometidas en los últimos meses a una serie de ataques terroristas.

La acusación presentada contra los detenidos es la de torturar y asesinar a varios ciudadanos, supuestos terroristas o simpatizantes de grupos armados islamistas. Según el mismo diario, el alcalde de Relizán llevaba en el maletero de su vehículo el cadáver de un supuesto terrorista cuando fue detenido.

El Watan aseguraba ayer que de los 128 sumarios abiertos por la justicia 54 se refieren a "muertes sospechosas". Cerca de la mitad de las denuncias están aún en proceso de instrucción.

Cuatro organizaciones internacionales no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, han pedido reiteradamente el envío de una comisión de investigación a Argelia para determinar la responsabilidad de las fuerzas de policía y del Ejército, así como de los grupos paramilitares, en las numerosas denuncias llegadas desde todos los rincones del país sobre violaciones de los derechos humanos, torturas y asesinatos. Sin embargo, las autoridades de Argel se han opuesto sistemáticamente a que las comisiones internacionales puedan efectuar sus investigaciones en el país magrebí.