C de calamidad
UNA COMUNICACIÓN de una clínica privada de Valencia, en la que anunciaba su decisión de negar el acceso a sus instalaciones a un médico anestesista por considerarlo un posible foco de contagio, y la denuncia de dos empresas que constataron una anormal incidencia de la hepatitis C entre sus trabajadores han destapado la existencia de un elevado número de usuarios de la sanidad pública y privada aquejados por esta enfermedad. El consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana reconocía hace pocos días la existencia de al menos 75 personas aquejadas por la hepatitis C, dándose la circunstancia de que 47 de ellas habían sido sometidas en dos centros clínicos a intervenciones quirúrgicas en las que participó el médico anestesista sobre el que, en palabras del consejero, "recaen las sospechas" de ser el transmisor del virus. El reconocimiento público por parte del anestesista de ser consumidor de opiáceos fundamenta aún más los presagios del responsable de la salud pública valenciana.El secretismo con el que ha actuado la Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana, lejos de calmar los ánimos, ha generado una mayor inquietud entre las personas que han sido atendidas en los últimos años en los dos centros en que trabajaba el anestesista. Éste es el momento en que se desconoce cuántas personas han pasado por las manos de ese médico y cuántas de ellas están infectadas por el virus.
La lentitud de la consejería en reaccionar -no empezó a actuar hasta que se produjo la comunicación de la clínica privada- ha revelado la indefensión en que se encuentran los usuarios de la sanidad pública. La decisión de prohibir el ejercicio profesional al anestesista se tomó después de, que los medios denunciaran durante varios días la existencia de numerosas personas afectadas por el virus. Ha sido la única medida tomada, además de remitir -con notable retraso- al fiscal y al juez que investigan el caso la información recabada por, la inspección. Las responsabilidades de la Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana en este caso son notables. Un corporativismo malentendido- parece que no pocos compañeros de trabajo del anestesista conocían su adicción a los opiáceos- impidió que se tomaran medidas profilácticas hace tiempo. Pero, una vez establecida la probable relación causal entre afectados por la hepatitis C y operaciones en las que ha intervenido el anestesista, se ha hecho muy poco por averiguar hasta dónde llegan las consecuencias.
No existe constancia de que el Servicio Valenciano de Salud haya realizado análisis a todos los pacientes que han sido atendidos por dicho facultativo, lo que impide conocer el alcance real del problema. Los ciudadanos se encuentran desorientados ante la táctica del avestruz seguida por la consejería, más preocupada por dar la imagen de que todo va bien que en averiguar qué ha sucedido realmente con este brote de hepatitis C: con C de calamidad.
