Amnistía pide a Aznar que su política exterior defienda más los derechos humanos

Amnistía Internacional (Al) ha pedido al Gobierno español que dé prioridad, en su compromiso electoral de basar la política exterior ''en la defensa de los derechos humanos", a los casos de Argelia, México y Colombia. Estos tres países forman parte de una lista de siete -Cuba, Guinea Ecuatorial, Marruecos y Perú son los otros cuatro- en los que la influencia del Ejecutivo español puede ser positiva, en opinión del secretario general de Al, Pierre Sané.

La lista de países sometida a consideración del Gobierno forma parte de la política de Al de convertir las declaraciones genéricas en defensa de los derechos humanos, tan al uso entre los Gobiernos democráticos, en compromisos concretos. La redacción de esta lista no es arbitraria, en opinión de Al, sino que responde a situaciones de emergencia. En el caso de Argelia, a causa de los 80.000 muertos en una guerra no declarada y ante la incapacidad de la comunidad internacional de parar la matanza; en el caso de Colombia y México, se debe a un aumento de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones y las torturas.Sané, que se entrevistó en Madrid el pasado 25 de marzo con el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y fue recibido en el Ministerio de Asuntos Exteriores por el secretario general de Política Exterior, Carlos Basterreche, dio también el respaldo moral de su organización a la investigación judicial que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional sobre las violaciones de los derechos humanos en Argentina y Chile. En su opinión, "las violaciones de derechos humanos cometidas en Argentina y Chile son crímenes de lesa humanidad sometidos a la jurisdicción internacional'' que no deben quedar impunes.

Aunque el secretario general de Amnistía Internacional no quiso revelar en detalle el contenido de sus conversaciones con altos cargos del ministerio, la disposición del Gobierno a llevar a la práctica -salvo en el caso de Cuba- su exigencia de cumplimiento de los derechos humanos es escasa.

España, sin embargo, sí parece dispuesta a respaldar formalmente la creación de un Tribunal Penal Internacional permanente. Un organismo que puede nacer el próximo 15 de junio en Roma, en la conferencia diplomática, organizada por las Naciones Uní das, que abordará la firma de un tratado internacional a ese efecto. El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, comprometió, en una reciente intervención en el Congreso, el apoyo del Gobierno a la creación de este tribunal que "constituye un objetivo :prioritario de la política exterior española". El debate sobre la creación de este comité ha sido animado por Convergencia i Unió, concretamente por su diputado Ignasí Guardans, que ha solicitado un debate monográfico sobre este tema para que el Gobierno cuente con el apoyo de todos los grupos políticos.

Uno de los objetivos es concienciar a la opinión publica de que el futuro Tribunal Penal Internacional se constituya al margen del control del Consejo de Seguridad de las ONU, y de la capacidad de veto de sus cinco miembros permanentes.

La organización internacional pro derechos humanos quiere que el futuro tribunal tenga competencia directa en casos de "genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas del derecho humanitario en toda clase de conflictos armados". Asimismo cree que debe tener "jurisdicción universal automática" con total independencia de sus fiscales, como la tienen en la actualidad los fiscales para los Tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Lo más difícil de resolver

La diplomacia española considera que estas tres grandes cuestiones -los mecanismos de activación de la competencia del tribunal, el ámbito de los delitos que juzgará, y su grado de vinculación a las Naciones Unidas- serán las más difíciles de resolver.El Gobierno español apoya la creación de un Tribunal Penal Internacional que no esté sujeto al control de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, Abel Matutes se mostró convencido de que cualquier pretensión de dotar de amplias competencias al citado tribunal internacional chocará con poderosos rivales. De hecho, aunque un grupo formado por 38 Estados ha constituido un grupo de apoyo, en él están ausentes países de tanto peso como el Reino Unido o Francia