El Gobierno propone que las mujeres maltratadas se sometan a una mediación

Las mujeres maltratadas que denuncien a sus agresores recibirán del juzgado y de los servicios sociales una oferta singular: someterse a un proceso de mediación. Esta es una de las sugerencias del plan de acción que prepara el Gobierno contra la violencia sobre las mujeres, para el que aún no hay ni fecha de aprobación, ni presupuesto. Las asociaciones de mujeres consideran la propuesta "una barbaridad" y auguran su fracaso. No es su única crítica. A pesar de sus peticiones no han sido recibidas por ningún miembro del Gobierno y han tenido que remitir sus propuestas por escrito.

La aceptación del procedimiento de mediación implica la suspensión de la vía judicial. Es decir, que la mujer maltratada y su agresor se someterían a un proceso amistoso para solucionar sus diferencias. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, que gestiona un centro de acogida para mujeres víctimas de la violencia doméstica en Madrid, cree que la situación psicológica de las víctimas no permite este tipo de actuación. Por eso le augura un fracaso "absoluto".El texto del Gobierno afirma que estos servicios deberán ser ofertados "sistemáticamente" por los juzgados y los servicios sociales que atiendan a la denunciante "tanto en caso de conflictos penales como civiles". Para Carmen Pujol, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la propuesta es "una barbaridad".

Pero ésta es sólo una de las medidas incluidas en el plan que coordina el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en el que participan cuatro ministerios más -Interior, Justicia, Educación y Cultura y Sanidad- y las comunidades autónomas. El último borrador del 1 de abril, recoge acciones en seis ámbitos: sensibilización y prevención, educación y formación, recursos sociales, sanidad, legislación y práctica jurídica e investigación.

La mayoría de las medidas están sin cuantificar. Así, se habla de crear una red de casas de acogida para las víctimas de malos tratos -pero no se dice cuántas-, de acelerar los procedimientos judiciales -pero no cómo- o de agravar las penas de los delitos de abuso sexual. Las únicas propuestas concretas hacen referencia a la atención social. Los Servicios de Atención a la Mujer (SAM) integrados por mujeres y que ya existen en algunas comisarías, serán 26 a finales de este año y 46 en el año 2000. Lo mismo ocurre con los Equipos de Mujer y Menores: las 55 comandancias de la Guardia Civil contarán con uno este año.

Cartas sin respuesta

Algo más ambiguas resultan las que afectan a la legislación y que llevan a Pérez del Campo a afirmar que "el caso es tocar el código penal", aunque admite que la posibilidad de pedir el alejamiento del agresor desde el momento de la denuncia, era una vieja petición.Las asociaciones de mujeres critican también la forma en que se ha negociado el plan. La plataforma que las une ha dirigido numerosas cartas al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, sin recibir respuesta. Pero falta negociar lo más importante: el presupuesto y quién se va a hacer cargo del mismo. Y para eso hay una dificultad añadida. Andalucía, aprobó su propio plan, de carácter bianual y con una dotación, presupuestaria de 2.000 millones de pesetas, el doce de febrero.