Cataluña recaudó 40.000 millones menos de lo previsto

El nuevo sistema de financiación autonómica basado en la cesión a las comunidades de un 30% del IRPF no ha resultado ser tan beneficioso como se esperaba, por lo menos durante el pasado año. Ayer, el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, reconoció que esa comunidad autónoma ingresó en 1997 un total de 40.000 millones de pesetas menos de lo que esperaba inicialmente a través de ese mecanismo de cesión.Mas matizó este dato señalando que a pesar de estos ingresos inferiores a las previsiones, esa comunidad recibió por cesión del IRPF 10.000 millones más que en 1996. Los menores ingresos respecto a las previsiones fueron compensados con transferencias del Estado a través de la participación en ingresos del Estado. El balance final, según Mas, es que la Generalitat ingresó 4.000 millones más de los presupuestados inicialmente en 1997.

Para Mas esas desviaciones sobre el escenario previsto se deben "tanto a que 1997 fue el primer año de aplicación del nuevo sistema de financiación, como a que el Gobierno central realizó unas previsiones de crecimiento de la recaudación, sobre las que se basó la Generalitat, demasiado optimistas". La conclusión para el consejero catalán es que el "nuevo sistema no es tan bueno como se pensó inicialmente". El déficit no financiero de la Generalitat catalana fue el año pasado de 26.000 millones de pesetas.

Por otra parte, la Asociación de Subinspectores de Tributos presentó ayer al Congreso un escrito en el que denuncia que el funcionamiento irregular de las unidades provinciales y regionales de la Inspección ha provocado una merma recaudatoria por parte de Hacienda de 50.000 millones de pesetas en lo que va de año. Los subinspectores, según esta asociación, están realizando funciones que legalmente corresponden a los jefes de unidad, lo que amenaza la validad de las actuaciones inspectoras practicadas.

Ante esta situación, la asociación ha recomendado a sus afiliados que ajusten su trabajo al cumplimiento de la legalidad, lo que ya está repercutiendo negativamente en los resultados de la gestión inspectora.