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El fiscal estima legales los papeles suizos del 'caso Urralburu'

La investigación judicial suiza aportada a la trama navarra del caso Roldán es legal y no ha vulnerado los derechos de Gabriel Urralburu y de Antonio Aragón, según dijo ayer el fiscal Javier Muñoz durante la vista contra el ex presidente del Gobierno de Navarra y su consejero de Obras Públicas, a los que acusa de un delito de cohecho continuado y dos contra la Hacienda foral, por los cuales solicita 11 años de cárcel para cada uno de ellos.

Las fichas suizas, en las que aparecen las iniciales de Urralburu y Aragón junto a las obras que otorgaron a dedo cuando ocupaban sus cargos en el Gobierno de Navarra y las presuntas comisiones ilegales que cobraron a las constructoras adjudicatarias, continúan siendo el caballo de batalla en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Pamplona contra los ex dirigentes socialistas navarros, sus esposas, el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, y su testaferro Jorge Esparza.Todas las defensas se adhirieron a la cuestión previa planteada por Ignacio Rodríguez Ruiz de Alda, abogado de Roldán, en la que éste planteó la supuesta ilegalidad de la aprehensión de las fichas suizas y su incorporación a la causa. Esta petición ya fue desestimada por el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que juzgó y condenó a Roldán a 28 años de cárcel.

La importancia de estas fichas, en las que aparecen manuscritas por Esparza la relación de obras efectuadas en Navarra en las que cobraron comisiones ilegales los imputados, provocó ayer sorprendentes intervenciones. En especial, la del letrado Ángel Ruiz de Erenchun, defensor de Olivia Balda, esposa de Urralburu para la que se piden cuatro años de cárcel, que comparó esta prueba con las escuchas ilegales del caso Naseiro, cuya obtención ilegal anuló todo el proceso judicial sobre la presunta financiación irregular del PP.

El fiscal rechazó todas las teorías de los abogados defensores y aseguró tajante que en la comisión rogatoria de Perraudin se ha cumplido escrupulosamente el Convenio Europeo de Asistencia Jurídica en materia penal. "No hay ningún principio constitucional vulnerado. La teoría del caso Naseiro nada tiene que ver con lo que aquí tratamos. Lo único que se pretende es dejar sin efecto estas pruebas", señaló.

La acusación pública incidió en que los seis procesados tienen cuentas en Suiza y destacó que las fichas localizadas por la policía helvética en la caja fuerte del banco en el que Roldán ocultaba su botín relatan sus actuaciones delictivas. "Nadie discute aquí la veracidad de las fichas ni su contenido. Nadie se ha atrevido a decir que han sido manipuladas. Que se enviaran a España por mensajería es irrelevante", espetó el fiscal. La acusación popular y todas las acusaciones que representan al Gobierno de Navarra y a los partidos políticos se unieron a su tesis.

El abogado de Roldán planteó la nulidad del proceso porque, en su opinión, la detención de su cliente no fue ajustada a derecho. El fiscal le recordó que la entrega del procesado, para el que se piden cuatro años de cárcel, ya fue resuelta por la Audiencia Provincial de Madrid, por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que la definieron como patente y manifiestamente justa. Asimismo, la defensa de Roldán esgrimió que éste va a ser juzgado dos veces por los mismos hechos y que podría ser condenado en dos ocasiones or el mismo delito.

Rodríguez Ruiz de Alda señaló que algunos talones de onstructoras por los que su cliente ha sido condenado por la Audiencia de Madrid por un delito de estafa han sido calificadós por el fiscal de la trama navarra como un delito de cohecho. El letrado enumeró todos y cada uno de esos cheques y se preguntó cómo era posible que los mismos sirvieran para acusaciones diferentes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 31 de marzo de 1998

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