Andalucía y Castilla-La Mancha recurren los Presupuestos y la financiación sanitaria

La Junta de Andalucía y la de Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por el PSOE, han lanzado una ofensiva contra el Gobierno del PP al presentar sendos recursos ante el Tribunal Constitucional. Andalucía recurrió ayer ante el alto tribunal tres artículos de la Ley de Presupuestos de 1998 por entender que vulneran el principio de igualdad entre los españoles al no tener en cuenta su población actualizada en el reparto de la financiación autonómica. Castilla-La Mancha, el reparto del fondo de asistencia hospitalaria del sistema sanitario.

A sólo cinco días del encuentro entre el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, y el secretario de Política Autonómica del PSOE, Ramón Jáuregui, las relaciones entre el Gobierno y las comunidades gobernadas por los socialistas se han vuelto a tensar por su flanco más débil: el sistema de financiación. Fue éste precisamente el punto que Rajoy y Jáuregui no abordaron, por sus insalvables diferencias, en su reunión del pasado miércoles, en la que, por otra parte, coincidieron sobre el desarrollo autonómico.Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, respectivos consejeros de Presidencia y Economía de Andalucía, acusaron ayer al Gobierno de "trato discriminatorio" en la presentación del recurso de la Junta contra los artículos 83, 84 y 85 de la Ley de Presupuestos de 1998 por considerarlos inconstitucionales. El texto del recurso recuerda que el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la financiación de la sanidad, celebrado el pasado noviembre, contempló la variable de la población con los datos del padrón del 1 de mayo de 1996, también utilizado para la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado.

Sin embargo, en el modelo de financiación autonómica se utiliza el criterio de población de 1988, lo que se traduce, según Álvarez, en una reducción de 400.000 habitantes que, en términos económicos, supondrá que la Junta perderá este año 49.000 millones de pesetas y unos 230.000 en el periodo de vigencia del modelo de financiación quinquenal.

A juicio de la Junta, se vulneran los principios constitucionales de autonomía financiera, coordinación, solidaridad, territorialidad e igualdad básica entre todos los españoles.

La tensión entre el Gobierno y la Junta, que ya recurrió hace un año el modelo de financiación propiamente dicho ante el Tribunal Constitucional, se ha visto acrecentada por los sucesos del viernes.

Álvarez denunció ayer que el Gobierno modificó ese día por sorpresa, en la sesión del Consejo de Política Fiscal, el modelo de financiación al fijar para todas las comunidades el techo mínimo del Producto Interior Bruto (PIB) nominal, "al constatar, como ya denunció la Junta hace un año, que el crecimiento del IRPF evolucionaba por debajo del PIB". "El Gobierno se ha cargado su proclamada corresponsabilidad fiscal con una reforma por sorpresa" dijo Álvarez.

La consejera andaluza denunció que, "ese mismo día, Rajoy acusó a la Junta de 'gamberrismo institucional' como cortina de humo para evitar que se hablara de la modificación del sistema de financiación".

Ayer, Rajoy se ratificó en sus declaraciones del viernes, en las que también calificó de "impropia" la conducta de la Junta por su oposición sistemática a la financiación autonómica, su "cambio de posición en la finan ciación sanitaria'' y su nueva re clamación de deuda histórica.

El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, entró también ayer en la discusión y exigió disculpas al Gobierno.

A su vez, el presidente , de Castilla-La Mancha, José Bono, también acusó al Gobierno de "trato discriminatorio" y de, causar "gravísimos perjuicios" a su comunidad en la distribución del fondo de asistencia hospitalaria del nuevo sistema de financiación sanitaria.

Bono denunció que las comunidades que no tienen competencias en sanidad, como la suya, perciben cantidades diez veces menores que las que la tienen. Así, precisó que en el primer caso reciben 400 pesetas por habitante y en el segundo 4.000 pesetas.

Bono justificó el recurso ante el Constitucional porque el Gobierno "ha vulnerado el principio de igualdad y solidaridad" y apostilló que " ha preferido hacer caso a sus socios nacionalistas que arriesgarse a defender el territorio español".