La economía sumergida en España supera el 10% del PIB y podría llegar al 23%

La economía sumergida española alcanza un volumen que oscila entre el 10% y él 23% del producto interior bruto (PIB) nacional (entre 7 y 16 billones de pesetas), según datos de la Comisión Europea que serán aprobados en las próximas semanas por el pleno del Colegio de Comisarios. El caso español supera la media comunitaria (entre el 7% y el 16% del PIB) y es comparable al de Bélgica (12%-21%), pero se queda lejos de los niveles de economía sumergida descubiertos en Grecia (entre 29% y 35%) o Italia (20%-26%). Los grandes focos generadores de subempleo están en los servicios personalizados, la subcontratación de pyme y el aumento del trabajo en casa por el auge de las telecomunicaciones.

Estos datos forman parte de un estudio que manejan los servicios de la Comisión Europea bajo los auspicios del comisario de Asuntos Sociales, Padraig Flynn, que quiere de esta forma lanzar un debate a nivel comunitario sobre el problema e incluir una primera referencia clara a la economía sumergida en las orientaciones anuales que deben realizar los Quince en materia de lucha contra el desempleo. El estudio no estará digerido para las recomendaciones de este año pero sí para las de 1999 y, según sus conclusiones, España es uno de los países que menos medidas ha adoptado contra la economía sumergida.La amplia horquilla manejada obedece a la diversa información tenida en cuenta por Bruselas. Desde la facilitada por expertos nacionales en el mercado laboral hasta trabajos de consultoras o universidades. Pero incluso tomando como referencia la cifra más baja, las conclusiones finales tienen una importancia extraordinaria. En el caso español supondría un mínimo de 7 billones de pesetas y un máximo de casi 16 billones a partir de los datos de PIB de 1994. En los 13 países evaluados (todos los de la UE menos Portugal y Luxemburgo), las cifras oscilan entre 97 y 155 billones de pesetas. Estas cifras se refieren a la actividad económica legal que se realiza de forma oculta, pero no incluye actos ilegales como el tráfico de droga.

Según los estudios de Bruselas, entre el 7% y el 19% de la población activa trabaja de forma clandestina. Pero eso no supone que si ese trabajo emergiera dejaría de haber parados, porque la mayor parte lo realizan personas que no constan como parados, sino que ejercen un pluriempleo o sólo declaran una parte de su actividad real.

Grandes generadores

Las consecuencias del trabajo negro son devastadoras para Europa. Mina las bases financieras del Estado de bienestar al generar un círculo vicioso: cuanta más economía sumergida hay más suben los impuestos para compensar la pérdida de ingresos públicos y, cuanto más impuestos, más tendencia hay a sumergir la actividad económica.El estudio distingue tres grandes generadores de subempleo: el aumento de la demanda de servicios personalizados (limpieza, cuidados sanitarios), la subcontratación desde las grandes industrias hacia pequeñas y medianas empresas y la explosión del trabajo en casa por el desarrollo de las telecomunicaciones.

Aunque sigue habiendo gran cantidad de trabajo ilegal en sectores tradicionales como la agricultura, la construcción, el comercio al detalle, las comidas preparadas y el servicio doméstico, en los últimos años se ha extendido al textil (sobre todo en el sur de Europa) y en general a las industrias maduras que han desintegrado sus estructuras subcontratando trabajos que se realizan en el domicilio de los subempleados. Y se ha introducido en los sectores más modernos, que fomentan el autoempleo casero a través de un ordenador personal.

En los sectores tradicionales se emplea, sobre todo, a inmigrantes ilegales (construcción). Las mujeres, los jóvenes y los jubilados conforman los ejércitos de subempleados en su domicilio, que afecta sobre todo a las mujeres de 25 años, a jóvenes con alto grado de preparación y a las pequeñas y medianas empresas. Los sectores más afectados son la agricultura, los hoteles y restaurantes y los servicios privados.

En Francia, el 60% de la economía legal se concentra en hoteles, cafés y restaurantes, el 27% en la construcción y el 13% en otros sectores. Los afectados son sobre todo nacionales e inmigrantes legales e ilegales. En Alemania las víctimas son inmigrantes ilegales en la construcción, restauración, transporte de personas y mercancías, limpieza y ocio.

En Italia, la mayoría son pluriempleados, jóvenes, mujeres y pensionistas que trabajan en la agricultura, construcción y textil.