Fraga apela a la "autonomía local" para no implicarse en el enchufismo

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Manuel Fraga, evitó ayer mostrar un respaldo expreso a los dirigentes de su partido en Ourense, José Luis Baltar, y Lugo, Francisco Cacharro, acusados de enchufar a decenas de militantes populares y parientes suyos en ambas diputaciones provinciales. Fraga se escudó en el principio constitucional de autonomía de las corporaciones locales para aducir que su Gobierno no puede intervenir en el caso. Con todo, se abonó a la teoría de que las denuncias son fruto "de una campaña política que debería avergonzar a quienes la están haciendo".Fraga rompió ayer un silencio de dos semanas, el tiempo que ha durado su gira por varios países suramericanos, de la que regresó el jueves. Mientras en Galicia arre ciaba el escándalo por las decenas de casos de enchufismo, el presidente de la Xunta, en contra de su costumbre, comunicó a los períodistas que le acompañaban en el viaje que no opinaría sobre asuntos gallegos hasta retomar a Santiago de Compostela. Ayer, tras una reunión de su consejo de Gobiemo, se limitó a defender la política de personal de la Xunta que, según él, merecería estar inscrita en una "página de oro", ya que "incluso ha sido tomada como modelo por el sindicato CC OO". Mostró su convicción de que en Ourense no se ha comprobado hasta ahora la existencia de "ningún acto ilegal" y pasó al contraataque al acusar al ex alcalde socia lista de esa ciudad, Manuel Veiga, de haber contratado irregular mente y sin concurso previo a 250 personas. Según Fraga, lo único que podría hacer la Xunta en el caso de la Diputación sería presentar un recurso contencioso si se comprobara que se ha transgredido la ley.

Fraga mostró un tibio apoyo a Francisco Cacharro en el enfrentamiento que mantiene éste con los fiscales de Lugo. Cacharro envió hace dos semanas un escrito al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, acusando al ministerio público de extralimitarse en sus funciones durante la investigación de varios episodios de corrupción que afectan a alcaldes populares de la provincia.

Un derecho de los ciudadanos

Fraga explicó que "cualquier ciudadano, lo que no excluye a los cargos públicos", tiene derecho a pedir explicaciones a la fiscalía siguiendo el orden jerárquico. Cacharro, según Fraga, sólo pretendía saber si estaba abierto algún procedimiento contra él relacionado con las investigaciones a alcaldes de su partido.La Unión Progresista de Fiscales discrepa radicalmente de Fraga, ya que piensa que la actuación del PP de Lugo es "absolutamente inadmisible en un Estado de Derecho". La UPF exige a Cardenal "una respuesta institucional" ante esta nueva muestra "del nulo respeto a la imparcialidad del ministerio fiscal que demuestran destacados dirigentes del partido del Gobierno". La Asociación de Fiscales ya había mostrado también su apoyo al fiscal jefe de Lugo, Jesús García Calderón.