Justicia poética

LA SEPARACIÓN entre responsabilidades políticas y responsabilidades penales es una práctica muy útil en democracia, en cuanto que permite a los ciudadanos exigir cuentas -en forma de dimisión, casi siempre- a los cargos públicos sin esperar a las resoluciones judiciales, sin poner por ello en riesgo la presunción de inocencia y siempre que existan razones precisas y fundamentadas para ello. La exigencia de responsabilidad política es una práctica saludable, porque las reglas del juego político responden a criterios diferentes del judicial; pero debe acotarse su límite de acuerdo con el sentido común y la operatividad, de forma que, por decirlo brevemente, "por el pecado de un monaguillo no se pida la dimisión del Papa". El Partido Popular utilizó insistentemente durante las dos legislaturas anteriores esta distinción entre política y tribunales para exigir, en unos casos con razón y en otros de forma embarullada, aunque siempre como depositarios únicos de la honradez ofendida, la dimisión de los altos cargos de Gobiernos socialistas implicados en distintos fraudes o delitos.Ha llegado el momento de que el PP se aplique con firmeza y rigor la separación entre responsabilidades políticas y judiciales que tanto defendió. Es de obligada coherencia que el partido exija la dimisión de su senador y presidente de la Diputación de Guadalajara, Francisco Tomey. Razones hay para ello: el Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso el preceptivo suplicatorio por si fuera necesario iniciar un proceso penal contra el citado senador. El Supremo aprecia indicios de un delito continuado de falsedad en documento oficial -supuesta ocultación de un déficit de 3.500 -millones contabilizando derechos de cobro inexistentes entre 1991 y 1996- y no descarta que aparezcan indicios de malversación u otros delitos. El PP, de forma consecuente, ha anunciado que votará a favor del suplicatorio.

La dimisión de Tomey evitaría seguramente mayores daños al PP -como razonó acertadamente el recientemente dimitido consejero de la Comunidad Valenciana Luis Fernando Cartagena- y parece la medida profiláctica más adecuada para que no existan esos juicios paralelos que, según el presidente Aznar, "se celebran no al amparo de la ley, sino al amparo de las sensaciones públicas", y que "son prácticamente sentenciados antes por los medios que por los tribunales". La reflexión del presidente, expuesta el miércoles en Montevideo, es abiertamente contradictoria con la tesis de su vicepresidente Francisco Álvarez Cascos, que pedía a los representantes de la justicia sentencias acordes con los veredictos de la sociedad, y, a la postre, resulta poco creíble, porque se produce en el momento en que los tribunales empiezan a actuar en numerosos casos de indicios de corrupción atribuidos a gestores del PP.

Quizá el presidente Aznar aprecie la ironía de este momento político, en el que deberá tragar la medicina que tanto recetó a sus adversarios políticos. Ironía duplicada por cuanto que ahora lamenta la "inseguridad" que pueden crear en la sociedad los llamados jueces estrella, a los que tanto instigó desde la oposición para que actuaran contra el Gobierno socialista.Aznar y el PP se queman ahora en el fuego que ellos mismos encendieron.Justicia poética se llama esa figura.