Los objetores quedarán eximidos de la prestación si no se les llama en tres años

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con sus socios nacionalistas de Convergéncia i Unió (CiU) y Coalición Canaria (CC) para que los objetores de conciencia que no sean llamados a incorporarse a la prestación social sustitutoria (PSS) en un plazo de tres años pasen directamente a la reserva y queden eximidos de cumplirla. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo estimó que, con la actual legislación, la espera máxima es de 14 meses.

Representantes del Grupo Catalán y del Ministerio de Justicia se reunieron el pasado lunes para consensuar la reforma de la ley de Objeción de Conciencia, una iniciativa de CiU que lleva 16 meses bloqueada en el Congreso por la falta de acuerdo entre el PP y sus socios. Las dos delegaciones ultimaron el acuerdo, que pasa por equiparar la duración del servicio civil (13 meses) con el militar (nueve meses) y transfer a las comunidades autónomas que la reclamen la gestión de lo PSS, salvo en lo referido al reconocimiento de los objetores y la competencia inspectora.Los puntos más conflictivo -la objeción sobrevenida y el plazo máximo de espera de los objetores- quedaron aparcados a la espera de un almuerzo que celebraron el martes el portavoz del Grupo Catalán, Joaquin Molins, y el ministro de Defensa Eduardo Serra. Como consecuencia del mismo, se acordó que la objeción sobrevenida -la que se produce tras la incorporación a filas- siga prohibida, aunque Defensa renunció a su pretensión de que no se pueda objetar tras el sorteo de la mili.

Respecto al plazo máximo de espera, el Gobierno pretendía situarlo en cinco años y CiU en 12 meses. El compromiso pasa por que sean tres, la fórmula que proponía Coalición Canaria (CC), con la que el Grupo Popular ha mantenido conversaciones paralelas a las de CiU.

El PP alega que la actual legislación no impone plazo alguno, por lo que se trata de un avance. Sin embargo, una sentencia, del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1997, difundida por EL PAÍS el pasado 28 de febrero, interpreta el reglamento vigente y la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas en el sentido de que todos los objetores que no hayan sido llamados para cumplir la prestación a los 14 meses de su reconocimiento, siempre que no sea responsabilidad suya, deben ser eximidos de oficio.

El plazo de tres años se aplicará, previsiblemente, a los 115.985 objetores que el pasado 31 de diciembre estaban pendientes de incorporarse a la PSS, aunque no se sabe cuántos de ellos se beneficiarán de esta amnistía. Estimaciones no oficiales hablan de entre 10.000 y 20.000.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia ha reducido por tercera vez la asignación económica que se paga a los objetores para atender los gastos de vestuario. Una orden ministerial publicada en el BOE el pasado 17 de enero fija la cuantía máxima de dicha asignación en 30.000 pesetas, 15.000 menos de la tarifa vigente, que data de julio de 1996.

Hasta entonces, el pago por vestuario ascendía a 70.000 pesetas y, además, se concedía con carácter general a todos los objetores, mientras que ahora sólo tienen derecho "cuando, por la actividad que deban desarrollar para cumplir la prestación social sustitutoria, necesiten vestuario o equipo de trabajo".