Un profesor, condenado por malgastar dinero de la UE para la investigación

Un ex profesor de la Universidad Politécnica de Madrid ha sido condenado por la Audiencia Provincial a devolver parte del dinero que le facilitó la Unión Europea (2.085.000 pesetas) para el proyecto denominado Pygmalión (técnicas de procesamiento de la voz). El profesor demandado, Gabriel C. P., destinó a otros menesteres la partida presupuestaria que se le asignó para la investigación y se marchó a Estados Unidos en 1989, sin permiso de la Universidad y sin haber hecho la investigación.

La Audiencia de Madrid también ha condenado por este motivo a Tierry M., miembro destacado del equipo de investigación que dirigía Gabriel C. P. El dinero deberán devolverlo entre los dos, según la sentencia.El dinero llegó a la Politécnica procedente de la Unión Europea (UE) dentro de una partida global de 149 millones de pesetas destinada a distintos proyectos de investigación. Se canalizó a través de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo del programa Pygmalión era investigar, en el plazo de dos años, sobre sistemas de procesamiento de voces.

La Politécnica se comprometió con la UE a hacer el trabajo, y se lo encargó al ahora condenado, que formó su propio equipo. Durante el periodo previsto para el trabajo, el demandado ordenó pagos para los miembros de su equipo que fueron abonados- por las horas de trabajo dedicadas al estudio. El problema es que, en septiembre de 1989, se marchó a la universidad norteamericana de Berkeley sin haber hecho la investigación, habiendo gastado gran parte del dinero asignado y sin efectuar los preceptivos informes, necesarios para justificar el trabajo ante la UE.

En este asunto ha actuado como denunciante la propia Universidad Politécnica, tras ser requerida por la Comunidad Europea para que justificase la investigación realizada con ese dinero. Pero no pudo hacerlo porque ni había dinero ni había estudio.

El profesor alegó en el juicio que él no era ni el director ni el responsable máximo del proyecto. El tribunal rechaza ese argumento: "Era el investigador jefe", y, por tanto, "tenía la responsabilidad de ejecutar el proyecto". El condenado alegó, por otro lado, que no tenía obligación de emitir informes sobre la investigación. Tampoco en esto le dan la razón los jueces: "Estaba obligado a dirigir la investigación, que debía realizarse por él y sus colaboradores, y además debió hacer los informes, única forma de plasmar por escrito el proceso investigador y las conclusiones obtenidas". "El demandado", subraya el tribunal, "ha reconocido que no llevó a cabo los informes; ahora bien, tampoco ha acreditado que realizara la investigación".

La Audiencia sostiene que su inacción provocó perjuicios a la universidad y a otras personas: por un lado, "se remuneró algo [una investigación] que no se había hecho", y además fue necesario que la universidad encomendase luego el trabajo a otro equipo para evitar que la Unión Europea retirarse posteriores subvenciones a este centro. "El nuevo equipo no cobró nada por el trabajo: el dinero ya estaba gastado", explicó ayer Juan Manuel del Valle, asesor jurídico de la Politécnica. Según fuentes universitarias, el profesor condenado ha devuelto ya parte del dinero.