El Gobierno exige aclarar el 'caso Cordón'

"Si hemos aguantado 20 años en la cárcel, podremos soportar otros 10". La frase -dicha por el histórico dirigente de los GRAPO Fernando Hierro Chomón a su abogado el 23 de febrero de 1997 en la prisión de Sevilla II- puso fin al diálogo que durante 11 meses habían mantenido dos representantes del Gobierno con un grupo de activistas presos.

Unos y otros, al menos sobre el papel, pretendían sentar las bases para la autodisolución de la organización terrorista.

Nunca hubo confirmación ni desmentido oficial de las conversaciones entre Gobierno y GRAPO. Pero fuentes policiales sopesaban ayer la posibilidad de que los atentados sean una advertencia al Gobierno para que reanude el proceso dialogado. El principal escollo es la negativa de los GRAPO a dar explicaciones sobre el paradero del empresario Publio Cordón.

Según los GRAPO, los enviados del Gobierno -dos agentes del Cesid que se hacían llamar Alberto y Enrique y a los que los grapos apodaban Los Malasombra- nunca llegaron a abordar "las verdaderas causas del conflicto", ni garantizaron un futuro "en libertad y sin persecuciones" para los miembros de la banda reinsertados.

El Gobierno, que no quiso darse por enterado de la ruptura unilateral de las negociaciones, realizó un gesto de acercamiento, al cumplir -aunque de forma parcial- una de las principales reivindicaciones de los grapos. Juan Manuel Pérez Hernández quedó en libertad condicional en diciembre de 1996 y Milagros Caballero, en enero de 1997. Ambos padecen graves enfermedades.

Durante el ano pasado, Antonio Pedrero Donoso, Dolores Romero Rodríguez y Emilio Ramírez Urbán obtuvieron el tercer grado (la semilibertad), mientras que Antonio Tosina García salió en libertad tras cumplir condena.

En la actualidad permanecen en prisión 52 grapos, de los que 34 son hombres y 18 mujeres. 20 están en régimen cerrado, 29 en régimen ordinario y tres en régimen abierto (Donoso, Romero y Ramírez).