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El plan de austeridad del Gobierno hace agua al crecer sus gastos un 30%

Luis R. Aizpeolea

El plan de austeridad del Gobierno para los ministerios ha hecho agua al sufrir una desviación de 94.000 millones de pesetas en 1997, un 30% más que las previsiones, según la liquidación presupuestaria definitiva. El Ejecutivo presupuestó en 304.850 millones la cifra de gastos corrientes de los ministerios para 1997, pero ha alcanzado el importe de 399.000 millones, esto es, 94.000 millones por encima de las previsiones. El Gobierno se había comprometido en su plan de austeridad, presentado el pasado junio, a reducir ese gasto entre un 3% y un 6%, pero el aumento ha sido del 30%. El Grupo Socialista interpelará hoy al Ejecutivo en el Congreso por este asunto.

El plan de austeridad, aprobado en el Consejo de Ministros del 6 de junio, fue desarrollado por los ministerios a través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y firmadas por los :subsecretarios. El plan fue especialmente llamativo en los ministerios porque propuso medidas como la limitación de la distribución gratuita de las publicaciones; la reducción al máximo de los gastos de representación de los altos cargos, como comidas, atenciones protocolarias e incluso las felicitaciones de Navidad, o el establecimiento de un completo sistema de control de llamadas telefónicas.Se estableció, por ejemplo, una clave de acceso para utilizar las máquinas fotocopiadoras y la obligación de que las fotocopias se realicen a doble cara. Se redujo el número de inmuebles arrendados. También se limitaron los viajes a mínimos imprescindibles, que debían realizarse siempre en clase turista. "Solamente deberá desplazarse un funcionario, salvo que sea absolutamente imprescindible que vayan dos o más", se señalaba en el texto. Algunas de estas medidas causaron malestar en los sindicatos de la Función Pública y fueron, incluso, calificadas de "ridículas" y "demagógicas" por algunos de sus portavoces.

Ahorro corriente

El plan de austeridad pretendía, con estas medidas, "la mejora de la imagen institucional de la Administración y el fomento de la concienciación del uso racional de los recursos públicos por parte del personal de la Administración", según el texto oficial. Pero, también, y ése era el fondo de la cuestión, pretendía reducir el gasto público a través del ahorro del gasto corriente.Las partidas de gasto corriente que el Gobierno planeó ahorrar afectaban a arrendamientos, reparaciones, mantenimiento y conservación, material y suministros, indemnización por razones de servicio, y gastos de publicaciones. El Gobierno contempló un ahorro entre el 3% y el 6%, sobre todo por la mejoría en la gestión de las compras públicas en material y suministros.

Dado que el volumen de capital dedicado a las compras públicas es de más de un billón de pesetas (1,078 billones, exactamente) cada punto representa 10.780 millones y, por tanto, si se llegaba a alcanzar entre el 3% y el 6% previsto, se produciría un ahorro de entre 32.000 y 64.000 millones de pesetas, según la previsión oficial. El plan pretendía extenderse también a entidades y empresas públicas.

Las actuaciones del Gobierno iban en dos direcciones, según su plan: disminución del consumo, a causa de un más racional uso de los bienes y servicios adquiridos; y optimización de las adquisiciones mediante la mejora del procedimiento de contratación y la obtención de mejores condiciones en las contrataciones de bienes y servicios.

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Entre las recomendaciones para las compras públicas figuraba confeccionar un plan anual de precisión de las necesidades de adquisiciones de la Administración General del Estado; la reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para corregir rigideces en el procedimiento de contratación; aumento de la transparencia, superando límites a la libre concurrencia e incluso una política de contrastes con empresas significativas del sector privado.

Pero el plan de austeridad también proponía la reducción de costos en otras partidas menores, pero simbólicas, como ahorro en el uso de teléfonos y faxes. Así, el BOE del 23 de junio publicaba una amplia resolución del Ministerio de Economía en la que detallaba, por ejemplo, el ahorro en teletipos. "Se suprimirán los teletipos existentes en las diferentes dependencias administrativas con excepción de aquellos que se consideren absolutamente imprecindibles en los gabinetes de prensa".

Otra resolución del BOE limitaba drásticamente la adquisición de prensa, revistas y libros. "Con excepción del gabinete de prensa no se autorizará la adquisición de revistas de información general ni la elaboración de los resúmenes de prensa".

El plan contenía, además, un mecanismo de control y seguimiento de los gastos "en virtud del cual cada oficina presupuestaria debería determinar los indicadores cuantitativos del ritmo de ejecución presupuestaria e informar mensualmente acerca de la evolución de los mismos y proceder a un informe trimestral sobre la ejecución del plan".

La pregunta de hoy en el Congreso al Gobierno por parte del PSOE pretende despejar las causas del incumplimiento del plan de austeridad, según los interpelantes. La desviación sobre las previsiones del Gobierno ha sido de 94.000 millones.

El Ejecutivo ha alegado que, en todo caso, sus gastos corrientes se han reducido respecto a 1996, cuando ascendieron a 432.200 millones -33.000 millones más que en 1997-, pero el PSOE ha replicado que no son años comparables porque el PP, al llegar al Gobierno en mayo de 1996, hizo aflorar 700.000 millones de gasto.

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