Un impuesto más justo

Dando cumplimiento a sus compromisos electorales, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular afrontan, en el actual periodo de sesiones parlamentarias, el importante reto de una reforma en profundidad del impuesto sobre la renta de las personas físicas.Se trata de una reforma a todas luces necesaria, y que ya había sido reclamada por numerosas voces autorizadas. En su regulación actual, el IRPF no responde adecuadamente a los objetivos de la política económica, y resulta un impuesto injusto, pues no atiende a la capacidad económica real de los contribuyentes, entre otras razones porque ignora la disminución de capacidad económica que para el perceptor de una renta supone el mantenimiento de una familia o de unas circunstancias personales más complicadas.

Son significativos los resultados de las encuestas del Centro de investigaciónes Sociológicas acerca del nivel de aceptación del sistema fiscal. Además de que un 63,4% de los ciudadanos consideran que los impuestos en España son muy elevados, más de un 72% de los encuestados opinan también que son injustos, mientras que sólo un 16% entienden que son justos, es decir, que pagan más quienes más tienen.

Una valoración negativa tan mayoritaria no puede ser ignorada, y ha de conducir a una reflexión a fondo sobre el grado de equidad de nuestro sistema tributario, especialmente del IRPF, que continúa siendo el impuesto que mayores ingresos aporta al erario público, así como el que afecta a un mayor número de ciudadanos, mayoritariamente a las clases medias, que son las que reciben nóminas y pagan por este impuesto con transparencia.

La reforma del IRPF que desea llevar a cabo el PP está especialmente inspirada por el deseo de contribuir a un mejor cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 31.1 de nuestra Ley Fundamental, a tenor del cual los ciudadanos han de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos "de acuerdo con su capacidad económica".

Para ello, el nuevo impuesto tendrá en cuenta el distinto grado de disponibilidad que ofrece a cada contribuyente un mismo nivel de renta, en función de las necesidades mínimas del contribuyente y de su familia,- valoradas de forma objetiva y conforme a criterios socialmente aceptados. Se incorporará el concepto -acuñado por el Tribunal Constitucional alemán- de "mínimo existencial", estableciéndose un mínimo familiar y personal, y dividiéndose la base imponible del impuesto entre renta discrecional y no discrecional. La renta no discrecional es aquélla que, _atendiendo a las circunstancias personales y familiares, no debe ser objeto de gravamen.

Por expresarlo de forma gráfica, no tendría sentido que el impuesto gravara igual a un ciudadano. con dos millones de renta sin cargas familiares que a un ciudadano con dos millones de renta y dos hijos. Ni sería lógico que una persona con dos millones de renta pagara lo mismo que un disminuido físico que necesita un mayor volumen de gastos para vivir. Estas circunstancias serán tenidas en cuenta en la nueva regulación del impuesto para establecer la base a la que se aplique el tipo de gravamen y para establecer el mínimo exento.

Con el mismo objetivo de adecuar el impuesto a la capacidad económica real de cada contribuyente, se hace preciso un nuevo tratamiento de las deducciones. Evitando dar un mejor tratamiento a las personas con mayor capacidad económica y, por tanto, con posibilidad de decidir sus gastos por motivos fiscales.

Además, el nuevo impuesto debe mejorar el marco fiscal de los rendimientos del trabajo. Desde 1991, última revisión del IRPF, las rentas salariales han ido ganando peso en el impuesto y actualmente contribuye en más del 80% a la base imponible global. Esta circunstancia sitúa al IRPF como un impuesto sobre las nóminas y donde éstas se encuentran especialmente discriminadas negativamente. Es voluntad del Partido Popular establecer un mejor trato para los contribuyentes que perciban sus rentas de una nómina., a través del establecimiento de un porcentaje exenta de la misma. Por otro lado, la reforma debe conducir a una disminución significativa de la presión fiscal, a través de una reducción importante, aunque gradual, de los tipos impositivos.

En primer lugar, se hace preciso bajar los tipos más altos, pues, como ha dicho el Tribunal Constitucional alemán, no es razonable que el sector público participe en las rentas adicionales generadas por cada individuo en mayor proporción, incluso, que el propio sujeto que con su esfuerzo o riesgo las genera. Ello significa que el tipo marginal máximo del IRPF no debe superar en ningún caso un tipo del 50%, algo, por cierto, en lo que estaba de acuerdo el anterior Gobierno, pero que no tuvo el coraje necesario para llevar a la práctica. El nuevo IRPF, sin embargo, no puede orientarse reduciendo significativamente los tipos en una sola dirección, esto es, los más altos. El compromiso del Gobierno es llevar a cabo una modificación que comporte una reducción global de la presión fiscal para todos y cada uno de los contribuyentes, y que incremente el número de ciudadanos exentos del impuesto y exentos de la obligación de declarar.

La determinación de un mínimo familiar y personal, coincidente con el mínimo exento, mayor, y la exención del cumplimiento de obligaciones formales para aquellos contribuyentes que sólo tienen rentas de trabajo y de capital, procedentes de una cuenta corriente, debe producir que se reduzcan en algunos millones el número de ciudadanos obligados a presentar declaración de renta cada mes de junio. Ello simplificará además notablemente la gestión del impuesto, y permitirá que la Administración tributaria pueda dirigir en mayor medida sus energías al control del fraude fiscal, que constituye también una importante fuente de injusticias.

Estamos decididos, en suma, a diseñar un impuesto sobre la renta más justo. Nos encontramos ante una de las reformas legislativas más importantes que se van a acometer durante la presente legislatura, que contribuirá sin duda a incrementar la confianza de los ciudadanos en la Hacienda pública, y a que cada ciudadano y ciudadana contribuya, a los gastos públicos según su capacidad económica real.