El consejero de Sanidad de Cantabria, del PP, rechaza el 'medicamentazo'

El consejero de Sanidad de Cantabria, Jaime del Barrio (PP), duda de que la lista de medicamentos que el Ministerio ha propuesto excluir de la financiación de la Seguridad Social vaya a reducir el gasto farmacéutico y se opone a la relación de fármacos incluidos en el llamado medicamentazo. Así lo expresó en un comunicado de prensa difundido ayer por el Gobierno de Cantabria el propio Jaime del Barrio, quien hoy tiene previsto reunirse en Madrid con el ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, precisamente para hablar sobre el gasto público en medicamentos.

"Tengo mis dudas de que la lista negativa reduzca el gasto farmacéutico. Por lo tanto, no soy partidario de medidas como la expuesta, sino de otras que vayan en la línea de racionalizar el gasto farmacéutico", asegura el consejero cántabro.

Entre esas alternativas, sugiere la introducción de medicamentos genéricos, más baratos que los registrados con nombre comercial; el denominado precio de referencia (financiación del precio del genérico y pago del resto por otro sistema); un mayor control del consumo farmacéutico hospitalario; y la entrega a los médicos de atención primaria de protocolos de prescripción. No obstante, Del Barrio considera que "se ha suscitado un debate totalmente innecesario", ya que, advierte, el proyecto de decreto que recoge los fármacos excluidos de la Seguridad Social todavía "está pendiente de al menos 40 informes preceptivos" de diferentes instituciones y organismos profesionales.

El consejero anuncia que manifestará al ministro su desacuerdo con la lista que se ha publicado, porque, aunque está de acuerdo en la supresión de algunos de los 500 fármacos afectados, contiene medicinas de "producción española que suponen una facturación importante" y fármacos "que tienen similares en otros laboratorios".

De otro lado, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria ha convocado para mañana una manifestación en contra del medicanientazo para exigir al Gobierno que negocie con los agentes sociales un sistema alternativo que permita un uso racional de los medicamentos. La Plataforma la integran catorce organizaciones.