El tribunal pide que Tomey acredite la deuda de 3.500 millones

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha quiere saber quiénes son los supuestos deudores de la Diputación de Guadalajara. Por ello ha dictado una providencia por la que emplaza a su secretario y su interventor a que le aporten, en el plazo de cinco días, su identificación, así como copia de los documentos que justifiquen la presunta deuda de 3.500 millones. La fiscalía investiga la posible ocultación de un déficit por esa cantidad en la corporación gobernada por el PP.

A su presidente, el senador popular Francisco Tomey, se le acusa de un delito de falsedad como responsable de la integración "ficticia" de esa cifra en las liquidaciones de los presupuestos de 1991 a 1996. La fiscalía pidió la pasada semana al Tribunal Supremo que se le investigue para comprobar además las sospechas de malversación. El supuesto maquillaje contable se hizo, según la fiscal María Angeles García, con deudas inexistentes, alteraciones pertinaces y "apuntes contables mendaces".

La iniciativa del tribunal castellano-manchego abre un nuevo frente fiscalizador a Tomey. Los otros son los de la fiscalía de Guadalajara, el Supremo, el Tribunal de Cuentas y su propio partido, que, según ha declarado el presidente del Gobierno, José María Aznar, indaga también sobre lo ocurrido.

Cinco días de plazo

La providencia, fechada el 27 de febrero en Albacete, acuerda que se remita telegráficamente exhorto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción competente de Guadalajara para que cite a presencia judicial al secretario, Jaime Iborra, y al interventor, Luis Miguel Martín, sustituto de José Villalgordo, de la Diputación. Este último, imputado junto a Tomey en un presunto delito de falsedad de documento publico, falleció el mes pasado.Vicente Rouco, el presidente del tribunal, y los magistrados Raquel Iranzo y Jaime Lozano dan a ambos un plazo de cinco días para que aporten la identificación de aquellos deudores "que aparecen en las listas de los acreedores y deudores, a fecha 31-12-96, que se remitió a este tribunal en fase de prueba, bajo la identificación genérica de varios deudores".

El tribunal señala que en el denominado "listado informático de los movimientos contables del mayor de conceptos del presupuesto de ingresos" que se le remitió tampoco aparecen identificados esos supuestos deudores. Por este motivo insiste en que se diga quiénes son y exige "copia de los documentos que sirvan de justificante de las deudas mencionadas".

En el supuesto de que no se le entreguen, los magistrados piden a los dos funcionarios citados que "certifiquen, bajo la fe del secretario, que tal relación no resulta posible por ausencia de datos precisos y que los documentos justificativos antes mencionados no existen en los archivos o expedientes provinciales".